La Corte Constitucional determinó que la norma que regula el examen de aptitud sicofísica como requisito para la concesión de permisos para el porte y uso de armas de fuego, principalmente la relacionada con la consulta de ese tipo de información por parte de las entidades encargadas del trámite, se ajusta a la Carta Política de 1991 (parágrafo 1º parcial del artículo 3º de la Ley 1539 del 2012). A juicio del alto tribunal, la norma no desconoció el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución; ello porque la alusión a las autoridades de tránsito no supone que se estén regulando disposiciones relacionadas con ese aspecto, pues solo se les menciona a fin de que las entidades encargadas de la expedición de la licencia de armas acuda a ellas para facilitar la verificación de la autenticidad de los datos (M. P. Mauricio González).