El Consejo Superior de la Judicatura determinó que la cédula de ciudadanía no es un medio de identificación infalible e irremplazable y que hacer esta exigencia cuando se ve en riesgo el derecho al mínimo vital para ofrecer esa garantía resulta desproporcionado. Así, la administración no se puede negar a continuar cancelando el auxilio a la tercera edad, con el pretexto de que los beneficiarios no cuenten con la cédula de ciudadanía. Según la conclusión de la Sala Disciplinaria, ello no resulta admisible si, adicionalmente, se tienen en cuenta los avances técnicos que en la materia se han producido y que incluso son más eficaces que la verificación del porte de la cédula de ciudadanía como medio de identificación. Con esos argumentos, la corporación ordenó al Consorcio Colombia Mayor 2013 a continuar efectuando los pagos al accionante, con la simple exhibición de la contraseña, mientras la Registraduría expide su documento de identificación (M. P. Wilson Ruiz).