El abogado defensor del alcalde Gustavo Petro, Julio César Ortiz, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el fallo de la Procuraduría General de la Nación que destituyó e inhabilitó al mandatario por el término de 15 años, con el fin de que esta decisión quede sin efectos y se garanticen los derechos fundamentales. Los argumentos de la petición son el derecho de los ciudadanos de mantener un alcalde elegido popularmente, la ausencia de competencias del Ministerio Público para destituir e inhabilitar un gobernante elegido por voto popular y la competencia del Presidente de la República para tomar esta clase de medidas. Aunque los jueces tienen 10 días hábiles para estudiar y fallar sobre el mecanismo, la vacancia judicial podría generar resultados hasta enero, indicó la defensa.