La Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 219 de Ley 906 del 2004, que le atribuye a la Fiscalía la facultad de usar la medida de registro y allanamiento para realizar capturas. A juicio del demandante, el legislador no tuvo en cuenta que el Acto Legislativo 03 del 2002 le permite restringir el derecho a la libertad únicamente a los jueces de control de garantías y que la ley vulnera los artículos 28 y 250 de la Constitución. Con este argumento, en la demanda se solicita que mediante una sentencia integradora, moduladora o de exequibilidad condicionada restrinja el alcance de la norma, de manera que no se permitan interpretaciones que lleven a entender que no se requiere orden de captura, permitiéndole a la Fiscalía capturar con la sola expedición de una orden de registro y allanamiento (demandante: Luis Carlos Jiménez Rodríguez).