La Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible la norma que garantiza el acceso preferente de las víctimas de la violencia a subsidios de vivienda y programas de formación y empleo, así como a los cargos de carrera administrativa, en caso de empate con otro tipo de concursantes (artículos 9, 10, 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la Ley 1448 del 2011). Para el alto tribunal, estas normas se ajustan a la Constitución, en el entendido de que tales prestaciones son adicionales a la indemnización administrativa consagrada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la Sala Plena volvió a enfatizar que la reparación económica es solo un componente dentro del resarcimiento integral que deben recibir las víctimas de la violencia. La Procuraduría había solicitado declarar constitucionales estas disposiciones.