La Corte Constitucional le indicó al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que sus salas de revisión de tutelas sí tienen competencia para ordenarle proveer por concurso los cargos de carrera que mantiene en provisionalidad en el ente de control.

Según la corporación, considerar que la máxima instancia constitucional no puede pronunciarse más allá de la problemática que surja ante el juez origen es tanto como desconocer su rol en la preservación de las garantías fundamentales para los asociados.

La Corte explicó que su labor preponderante en la defensa de estos intereses la habilita incluso a ordenar la elaboración de políticas públicas, cuando sea necesario para ponerle freno a la violación de derechos fundamentales.

Con estos argumentos, negó la nulidad de la sentencia de tutela mediante la cual se le ordenó a Ordóñez iniciar los respectivos concursos de mérito para el nombramiento en propiedad de varios cargos de carrera que se mantienen en provisionalidad en la Procuraduría.

El jefe del Ministerio tendrá seis meses para adelantar las respectivas convocatorias y se le concederá un plazo total de dos años para garantizar que los funcionarios que se desempeñan en estas plazas hayan sido escogidos por mérito.

(Corte Constitucional, Comunicado Auto 273 (Sentencia T-147/13), nov. 20/13)