La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 82 (parcial) y 119 (parcial) del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), que advierte que el régimen de responsabilidad y solidaridad de los consultores, interventores y asesores en contratación estatal vulnera el debido proceso (artículo 29 superior). A juicio de la demandante, esta norma modificó el marco de responsabilidad derivada por conductas dolosas o gravemente culposas de la Ley 610 del 2000, exigible a los consultores, interventores y asesores, quienes deberán responder por el actuar de los demás contratantes en la ejecución de un contrato, pues, así cumplan sus funciones, les es atribuible responsabilidad fiscal por el daño que se cause al Estado, agregó (demandante: Cindy Yulieth Arango Ortegón).