Procuraduría presenta plan de seguimiento a políticas públicas sobre desaparición forzada

Con el objetivo de impactar la política pública en temas relativos a la desaparición forzada, la Procuraduría General de la Nación presentó, el pasado 11 de diciembre, el “Plan de acción para el seguimiento a la política pública de prevención y lucha contra la impunidad por desaparición forzada 2013-2016”.

Dentro de estos temas, está el Registro Nacional de Desaparecidos, la eficacia del mecanismo de búsqueda urgente, el acatamiento de las normas relativas a inhumaciones y exhumaciones de cadáveres de NN y personas identificadas y no reclamadas, la atención y reparación integral a las víctimas y la intervención eficaz y oportuna en las investigaciones penales.

La implementación de este plan de acción estará en cabeza de las procuradurías delegadas para la Prevención de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, para el Ministerio Público en Asuntos Penales, para Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, así como de las procuradurías regionales y provinciales.

Procesos disciplinarios

En cuanto a los procesos disciplinarios, el plan impulsado por el Ministerio Público busca construir una base de datos con información básica, a la que se le hará seguimiento desde los niveles central y territorial.

Los funcionarios del ente de control deberán priorizar las investigaciones adelantadas por desaparición forzada, con el fin de lograr la verdad, la justicia y la activación de los mecanismos de búsqueda, cuando haya lugar a ellos.

Perspectiva internacional

El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos o familiares de personas que han desaparecido.

Dentro de las decisiones adoptadas en ese momento, la ONU declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a conmemorarse en el 2011.

El 10 de agosto del 2012 entró en vigor en Colombia la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Dicho instrumento se adoptó mediante la Ley 1418 del 2010, y la Corte Constitucional la declaró exequible, mediante la Sentencia C-620 del 2011.

Sin embargo, en el informe correspondiente al 2012, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que, según cifras oficiales, durante ese año fueron dadas por desaparecidas o consideradas en paradero desconocido 5.965 personas, de las cuales se presume que 113 corresponden a casis de desaparición forzadas.

El organismo internacional subrayó la insuficiencia de los esfuerzos de investigación penal. La Fiscalía General, por ejemplo, registró 27.382 investigaciones criminales activas, mientras que la unidad especializada de desaparición forzada, creada en el 2010, ha obtenido 46 condenas.

(Procuraduría General de la Nación, Boletín  999, dic. 11/13)

Consulte además: Desaparición forzada en Colombia: herramientas para enfrentar el delito. PNUD, 2012