Con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas durante 15 años fue sancionado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por decisión de la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control le había formulado pliego de cargos por celebrar contratos con operadores de aseo sin tener en cuenta que no contaban con la experiencia y capacidad requerida. Según la investigación, el funcionario habría violado el principio constitucional de libertad de empresa, al impedir que otros operadores, distintos a las entidades del Distrito Capital, prestaran, a partir del 18 de diciembre de 2012 y en igualdad de condiciones, el servicio público de aseo (Decreto 564 del 2012). También consideró que con el Decreto 570 del 2012, mediante el cual se autorizó el uso de vehículos tipo volqueta, Petro habría faltado a las disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente, originando un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Consulte las cinco razones del Ministerio Público en el documento adjunto.