La Corte Constitucional determinó que la adhesión de Colombia a la Convención que prohíbe la utilización de armas en racimo se adecúa al objetivo de conseguir la paz, un fin y un derecho fundamental. Tras declarar constitucional el instrumento, aprobado por la Ley 604 del 2012, la alta corporación explicó que este se basa en principios del DIH encaminados a establecer diferencias entre población civil y combatientes y a la prohibición de ataques indiscriminados (M. P. Alberto Rojas).