Procurador pidió intervención de la CPI en proceso de paz

En una reunión que congregó a la  vicepresidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la juez Sanji Monageng, y a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, expresó su preocupación frente posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), dejando por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la CPI.

Para el jefe del Ministerio Público, esto significaría impunidad y la vulneración a los derechos de las víctimas, lo que representaría una paz no sostenible y podría impulsar diferentes actos de violencia en todo el país.

En ese sentido,  solicitó la intervención del organismo de justicia internacional si se concreta con impunidad dicho proceso de paz.

Por medio de un comunicado, el órgano de control disciplinario señaló que esta negociación se debe adaptar a los estándares internacionales, “pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio”.

En el desarrollo de la reunión, la fiscal de la CPI les reiteró su mensaje de apoyo a todas las autoridades colombianas en los esfuerzos por alcanzar la terminación del conflicto.

Justamente, en agosto pasado, Ordóñez le envío a la Corte Constitucional un informe en el que la Corte Penal Internacional advierte sobre la responsabilidad de la guerrilla de las FARC en crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad cometidos en desarrollo del conflicto armado.

El jefe del Ministerio Público  insistió en que el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 del 2012) asegura la impunidad y desconoce los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y agregó que “engaña a la ley y a los compromisos internacionales que la Nación ha adquirido”.