La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequibles el Estatuto de la Interpol y el acuerdo de inmunidades y privilegios para las reuniones del organismo en Colombia (Ley 1670 del 2013). Para el Ministerio Público, el tratado se adecúa a la jurisprudencia constitucional según la cual la inmunidad es un principio de derecho internacional público que protege a agentes y bienes de Estados extranjeros frente al poder de las autoridades coercitivas del Estado huésped. Adicionalmente, agrega, impulsa y promueve canales de cooperación, que orientan las relaciones exteriores sobre la base del respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, como prenda de garantía frente al propósito del convenio, el reprimir la violación al derecho común mediante la asistencia recíproca de organismos de policía criminal. El fallo será proyectado por el despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas.