El Consejo de Estado determinó que la responsabilidad estatal por el daño antijurídico causado por grupos paramilitares no se deriva simplemente de la conducta omisiva de la administración, sino de su connivencia, ya que la promoción que hizo de estos grupos en algunas zonas lo convirtió en generador del riesgo. La Sección Tercera sostuvo que “la administración pública –especialmente en el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados ‘Convivir’”, con la excusa aparente de combatir a la subversión, cuando su misión institucional, en un Estado social de derecho, es garantizar que el manejo de las armas y la defensa de la soberanía esté a cargo de la fuerza pública, exclusivamente, de ahí que se haga responsable de los perjuicios causados con el accionar violento de tales organizaciones. Con estos argumentos, la corporación ordenó resarcir con más de $ 2.000 millones a los familiares de siete personas desaparecidas por paramilitares en San Roque (Antioquia) (C. P. Enrique Gil).