Diana Marina Vélez Vásquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-574 del 2017, dio una serie de pautas frente a la ponderación de derechos en esta materia.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, nuevo presidente del Consejo de Estado para el 2022.

Además de ser novedosa y única en cuanto a su objetivo, la obra cuenta con la suficiencia investigativa para permitir una mirada juiciosa a esta figura.

Si el año 2020 giró en torno a la profusa normativa expedida por el Gobierno Nacional para conjurar los efectos adversos generados por la pandemia del covid-19, en el 2021 el Congreso de la República retomó su papel de legislador. En efecto, más de 100 leyes de gran calado fueron expedidas en el año...

Camila Santamaría Balen, directora general (e) de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, habló sobre algunos aspectos jurídicos alrededor del plagio, así como sus implicaciones en materia penal, civil y disciplinario.

La circular aclara la diferencia entre la autorización de ocupación de inmuebles y el certificado técnico de ocupación.

Los defectos atribuidos al sistema se centran en aspectos que emergen de la implementación y no del sistema en sí mismo. ¿Qué esperar en el futuro del proceso penal colombiano?

No están solamente en riesgo las garantías electorales y los derechos fundamentales vinculados a la próxima contienda política, sino la preservación de la supremacía e integridad de la Constitución.

El proceso de renovación surgió luego de haberse cumplido la vigencia de cuatro años de la Acreditación que recibió la universidad a través de la Resolución 16892 del 2016.

Según la abogada Yessika Hoyos Morales, vocera de la campaña “Dulce veneno”, la Resolución 810 del 2021 no cumple con los estándares de la Ley 2120 del 2021.

Los municipios pueden adoptar e implementar distintas herramientas de financiación en las zonas de renovación urbana de Colombia.

Según la abogada Laura Castillo Garay, si bien en Colombia existe una conducta penal que sanciona el ofrecimiento engañoso de productos y servicios, su inaplicabilidad hace necesaria una reforma legislativa.

El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e...

Las superintendencias tienen importantes grupos de informática forense, con formación técnica y legal en recolección, embalaje y presentación de evidencias digitales.

Hace poco, la postura que defiende que el delito de agiotaje es más que suficiente para cubrir estas conductas tuvo un momento clave: el caso de la venta de boletas del Mundial de Fútbol y la empresa Ticketya.

¿Qué preguntas urgentes puede plantearnos esta historia para los investigadores que se interesan por el Derecho y la movilización social en el país?

La Ley 2113 del 2021 señala que este es un escenario de aprendizaje práctico en el que confluyen conocimientos, habilidades, competencias y valores éticos.

Será interesante seguir de cerca el impacto de las nuevas disposiciones legislativas sobre la materia y de los operadores en esta área en los próximos años.

Los delincuentes encuentran trabajo dondequiera que este sea rentable. La propiedad intelectual no es la excepción.

Esta noción surge como una categoría especial dentro del inventario de creaciones que se consideran tutelables en el marco del derecho de autor.

El artículo 159 de la Decisión Andina 486 del 2000 establece los requisitos para la aprobación de esta figura.

El abogado Felipe De Vivero Arciniegas, experto en contratación estatal, asegura que las cláusulas excepcionales, como la caducidad, están previstas como un medio para hacer cumplir el convenio.

La práctica judicial cotidiana y alguna que otra regulación de menor jerarquía indican que esta garantía constitucional está en peligro. Hay que salvarla.

Esta figura se está fortaleciendo en los últimos años, gracias a la participación pluralista de la ciudadanía.

La importancia de elegir bien a los expertos que acompañan y participan en el proceso de arbitraje y resolución de conflictos será una de las decisiones fundamentales a la hora de establecer una estrategia legal robusta.

Una nueva regulación expedida por el Gobierno Nacional aspira a desarrollar la política de pago concebida por la Ley 1955 del 2019.

La discapacidad ha pasado de una visión restrictiva que limitaba los derechos de dichas personas a un enfoque encaminado a reconocer su libre ejercicio.

Estos son documentos que buscan informar de forma muy concisa y clara sobre un tema complejo, de modo que sus lectores puedan entender fácilmente un problema.

La fuerza mayor y el caso fortuito son catalogados como imprevistos que pueden hacer imposible el cumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico suscrito entre las partes.

Si en el contrato quedó pactada la etapa de liquidación o de cierre final de cuentas, es obligación de ambas partes agotar dicho procedimiento.

La ausencia de soluciones para diversos problemas muestra el nivel de desconexión de esta iniciativa con las necesidades reales del sector.

No existe ningún motivo que impida implementar estas operaciones con ocasión de las condenas previstas en laudos proferidos en arbitrajes nacionales en Colombia.

No se puede acudir a estas figuras para pretender una revisión de los hechos, una nueva valoración de las pruebas o que se revierta la decisión tomada por el tribunal en el laudo.

El efecto de las decisiones de los amigables componedores, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 1563 del 2012, es el propio de la transacción.

Si bien la implementación de figuras extranjeras presenta riesgos, es innegable que el estudio comparado del Derecho es uno de los factores que más dinamiza la evolución de esta disciplina.

La coyuntura invita a iniciar una discusión al respecto y frente a otros temas que implican reformas sustanciales y estructurales al arbitraje.

Lina Malagón Penen, profesora de la Universidad Externado de Colombia, sustentó en la Universidad Panthéon-Assas (Paris II) su tesis doctoral titulada “Movimientos sociales, derecho y justicia constitucional.

Un fallo reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aborda este tema de actualidad.

La realidad de las familias actuales es que han perdido la cultura del compromiso, de la solidaridad y del respeto entre sus integrantes.

Los efectos legales de la unión marital del hecho son casi iguales que el matrimonio. Actualmente, son muchas más sus similitudes que sus diferencias, pero, en todo caso, vale la pena revisarlas.

Entre el 6 y el 22 de agosto, se realiza una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Legis presenta sus novedades en materia de Literatura Jurídica.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Andrea Elizabeth Hurtado, secretaria jurídica del Ministerio de Salud, sobre el Plan Nacional de Vacunación.

Los cuestionamientos son por las herramientas jurídicas elegidas, que no privilegian el diálogo como principal instrumento de concertación en un Estado democrático.

Se discute en el Congreso un marco legal que permitiría actualizar las reglas para las aseguradoras en un entorno de rápida transformación.

Según el abogado Daniel Alejandro Monroy Cely, tiene que haber una política más seria sobre integración de información entre entidades regulatorias.

Según Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, magistrado de la Comisión Nacional de Diciplina Judicial, cuando existen normas jurídicas claras y reglas de fácil comprensión, se contrata mejor.