Atención jurídica a migrantes venezolanos, prioridad para abogados socialmente responsables

Ana María Arboleda

Directora Ejecutiva de Fundación ProBono Colombia

 

Hasta la migración de venezolanos en los últimos tiempos, Colombia se había caracterizado por ser más un país de origen y no de destino de migrantes. Debido al prolongado conflicto armado que vivimos y a factores económi­cos, en la década de los setenta muchos colombianos emigraron a Venezuela, aprovechando la bonanza petrolera. Desde hace unos años el panorama ha sido precisamente el contrario: según reciente información de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que abandonaron su país ha alcanzado los cuatro millones y Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que más han acogido a esta población. Más de 1.260.000 venezolanos se encontrarían en Colombia, de acuerdo con los datos que a inicios de mayo presentó Migración Colombia, y Bogotá, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia serían las regiones donde un mayor número de venezolanos se ha radicado.

 

Las autoridades nacionales y locales han trabajado en proveer un marco de atención para esta población, mediante diversos mecanismos que buscan ofrecer condiciones de vida adecuada. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) que adelantó el Gobierno Nacional, entre abril y junio del 2018, más del 60 % de la población venezolana en Colombia estaba en situación irregular, lo que impedía conocer sus necesidades, brindarles servicios y formular políticas públicas integrales.

 

¿Cuáles son sus derechos?

 

Para conocer los derechos que tienen los migrantes venezolanos que se encuentran en nuestro territorio, es obligatorio mencionar los artículos 13 y 100 de la Constitución Política, que explican:

 

• Artículo 13: nombra el derecho a la igualdad, en virtud del cual ninguna persona será objeto de discriminación, del cual gozamos todos por el solo hecho de ser personas.

 

• Artículo 100: allí se reconocen de forma general los derechos de los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio nacional, y les otorga a estas personas el ejercicio de algunos derechos, pero también la facultad al Estado colombiano para delimitar y restringir otros, como la libertad de circulación y los derechos políticos.

 

Así mismo, respecto a derechos de los migrantes, los criterios normativos para tener en cuenta por parte del Estado colombiano se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en esta materia1.

 

¿Por qué atender a los migrantes en temas legales?

 

Colombia no estaba preparada institucional y legalmente para ser un país de destino de la migración, lo que ha planteado un problema para la atención de la actual crisis migratoria de venezolanos. Si bien tanto las entidades gubernamentales como las organizaciones sociales que atienden a migrantes han hecho un esfuerzo grande en proveer información y atender a la población desde el momento de su ingreso a Colombia, la atención legal y la educación en derechos son prioridad dentro de esta crisis, en un país en el que el acceso a la justicia es difícil, aun para los propios nacionales, y donde la información para acceder a temas como salud, educación y derecho al trabajo no es lo suficientemente difundida ni adecuada. Por el contrario, la desinformación abunda.

 

¿Cómo apoyar el trabajo pro bono en temas legales para los migrantes?

 

Cada día hay más conciencia por parte de la comunidad jurídica de la responsabilidad social que tiene la profesión de abogado, mucho más en países como los nuestros, en los que se requiere asesoría o acompañamiento legal para tantos trámites y procesos. El trabajo pro bono es una oportunidad única para ayudar a quien realmente lo necesita, con lo que solamente los abogados saben y pueden hacer.

 

Por eso, en lugares de alta concentración de migrantes, se han llevado a cabo jornadas gratuitas de educación jurídica, dictadas por profesionales de reconocidas firmas de abogados que buscan contextualizar, profundizar y brindar herramientas de conocimiento de derechos y de mecanismos legales para hacerlos válidos.

 

Una alianza solidaria

 

La Fundación ProBono Colombia, concentrada en brindar asistencia legal a las personas en condición de vulnerabilidad o con escasos recursos, y a las comunidades y organizaciones que las asisten, pero que no poseen los recursos suficientes para pagar servicios legales, está trabajando hace algunos meses, de la mano de la Cámara de Servicios Legales de la Andi, en un proyecto que promueve y desarrolla atención jurídica a las necesidades de la población migrante venezolana.

 

A través del apoyo jurídico de abogados voluntarios que forman parte de ambas organizaciones, se han ejecutado jornadas gratuitas de educación jurídica con la finalidad de ayudar a los migrantes venezolanos en el conocimiento de sus derechos y en el adecuado ejercicio de estos, a fin de empoderarlos frente a sus necesidades jurídicas individuales, familiares y sociales, en un ordenamiento legal que es completamente nuevo para esta población.

 

Para desarrollar este proyecto de la manera más eficiente y con el mayor impacto, la fundación ha instrumentado convenios de colaboración con aliados en varias ciudades del país. Al mismo tiempo, y con el objetivo de que esta comunidad aprenda a identificar las situaciones diarias en que sus derechos se ven involucrados, sus miembros reciben material para que puedan reconocer las herramientas jurídicas existentes para protegerlos directamente o con ayuda de terceros.

 

NOTAS:

1. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-2-18-es.pdf