Cuando un medio impreso o electrónico desea utilizar creaciones de terceros (un video, una fotografía o un gráfico), debe establecer una suerte de protocolo antes de publicar.
Una de las preocupaciones principales es la tendencia actual de monetizar el recurso y encaminar su uso a fines distintos a satisfacer los derechos fundamentales.
Ante las dimensiones que adquirió la precarización del trabajador, la Ley 1429 del 2010 le salió al paso a los excesos de las cooperativas de trabajo asociado.
Al igual que las convenciones colectivas, los acuerdos y pactos a los que lleguen trabajadores y empleadores en observancia de garantías y derechos mínimos e irrenunciables son válidos.
Así lo recordó la Corte Suprema, al pronunciarse sobre un caso en el que el acusado aceptó responsabilidad por no reintegrar dineros captados ilegalmente.
En casos de graves violaciones a los derechos humanos y el DIH, entre otros eventos excepcionales, podrá otorgarse una indemnización superior a 100 salarios mínimos.
Como sucede con un bisturí, que sirve para salvar vidas o para degollar inocentes, el derecho de los jueces sirve para hacer justicia o cometer injusticias, sin que nadie pueda evitarlo.
Según Baytelman y Duce, “en la lógica de un sistema acusatorio, la declaración personal, no puede ser sustituida o reemplazada por la lectura de actas”.
Las regiones donde existe mayor número de víctimas con necesidad de resolver su situación militar son Antioquia (36.384), Bogotá (11.291) y Valle (9.549).
A juicio de las demandantes, la disposición impide la efectiva realización de los derechos de los menores, como sujetos de especial protección por parte del Estado.
Cualquier proceso que supere un conflicto por la vía política, no con las armas, es bienvenido, afirma este consultor en asuntos penales y de justicia transicional.
Los ciudadanos ya no tendrán que explicar por qué requieren información pública, pues serán los funcionarios quienes deberán justificar si esta es reservada o clasificada.
Cuando esa acción se invoca con el fin de aplicar figuras como el desistimiento tácito en un proceso coactivo, solo procede para quienes son parte de él.
El hecho de que los responsables de delitos políticos o conexos puedan ejercer funciones de ese tipo no desconoce los derechos de las víctimas, indicó.
La iniciativa, que establece el voto obligatorio, pide eliminar la figura de la reelección y, en su lugar, ampliar el periodo del Presidente de la República a seis años.
Vencido el término de la afectación, la entidad debe liberar los bienes o adquirirlos, dentro de los plazos y mediante el procedimiento previsto en la ley.
En días pasados, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de los libros De los contratos mercantiles nacionales e internacionales y De las sociedades comerciales.
Para el demandante, la norma disposición viola la estructura del sistema procesal consagrado en la Constitución luego de la reforma introducida por el Acto Legislativo 03 del 2002.
La interpretación de las normas jurídicas relacionadas con el derecho fundamental a la educación no puede conducir a actuaciones arbitrarias ni discriminatorias.
La consulta popular no ha tenido un desarrollo coherente ni suficiente en Colombia, afirma este abogado doctorado en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad.
La Constitución de Colombia es, en el mejor de los sentidos, un texto audaz y ambicioso en materia de derechos fundamentales, opina este magistrado del Tribunal Constitucional de España.
Afectar la posibilidad de disfrutar del paisaje es una de las situaciones con las que el administrador, en ejercicio de una actividad legítima, genera un perjuicio antijurídico.
Según los demandantes, la calidad de legitimarios debe extenderse a los abuelos consanguíneos, en virtud de la adopción simple, tal como estaba regulada por el artículo 277 del Código Civil.
La Corte condicionó la exequibilidad del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 a que se entienda que el juez no puede tardar más de 10 días en pronunciarse.
La tercerización se puede usar, siempre y cuando no exista una relación de simple intermediación y mientras no se vulneren derechos consagrados en las leyes laborales vigentes.
Ese factor define el momento a partir del cual el afiliado empieza a disfrutar del pago efectivo de la mesada, pero no tiene incidencia en su causación.
El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, pidió que las Fuerzas Armadas no se dejen confundir por quienes quieren atacar el proceso con una campaña de desinformación.
La justicia debe ser residual, siempre y cuando las instituciones encargadas de la salud, educación, vivienda, etc., cumplan con las necesidades de los ciudadanos.
La Virgen María Santísima del Amor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico fue condecorada por el Gobierno de España con la Medalla de Oro al Mérito Policial
En el proceso de interlocución, advierte el decreto, se respetarán los derechos otorgados en la Constitución y la ley a los participantes y voceros de la Cumbre.
El texto hace una aproximación detallada y minuciosa de los antecedentes y el desarrollo del nuevo régimen de protección por desempleo y del Servicio Público de Empleo.
Colombia está al nivel de los países con las plataformas tecnológicas más avanzadas en la materia, como EE UU y Gran Bretaña, afirma este especialista en Derecho Penal.
La estrecha relación entre propiedad industrial y competitividad sirve para maximizar el rendimiento de su inversión y asegurar el éxito de su negocio.
“Modular la decisión para reducir la medida punitiva entraña una transformación que se ofrece conveniente, pues la declaratoria de nulidad no es sinónimo de impunidad en asuntos disciplinarios”.
La iniciativa no pone en riesgo el derecho a elegir y ser elegido, consagrado en el artículo 25 del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En la determinación del carácter obligatorio de estas medidas concurren razones de Derecho Constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y política internacional.
La gestión del agua es un derecho humano y un bien de uso común; por lo tanto, no puede ser considerado como un elemento aislado, sujeto al manejo de determinadas autoridades.
La entidad solicitó aclaraciones y adiciones a la sentencia que anuló la sanción de destitución e inhabilidad del exalcalde de Medellín Alonso Salazar.
Mosquera le entregó a su proyecto los bienes eclesiásticos de manos muertas, López Pumarejo expidió la Ley 200 de 1936 y Carlos Lleras, la Ley 135 de 1961.
La presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la jefe de la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema y la secretaria general de la Corte Constitucional, entre los aspirantes.
La forma como Colciencias califica a los grupos de investigación y a las editoriales de las ciencias jurídicas refleja actuaciones arbitrarias y homogeneizadoras. (Análisis de Bernd Marquardt).
La disposición castiga a quien acuda al menor deliberadamente con el único fin de obtener beneficios, y no a quien debe acompañarse de él por razón de sus carencias.
Legis presenta esta obra práctica, de fácil entendimiento tanto para expertos en la materia como para aquellos que quieran o empiezan a incursionar en esta área jurídica.
Etas medidas no constituyen un prejuzgamiento sobre la violación de derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.
“La acción de tutela es la joya de la corona de la Constitución y un patrimonio moral de los colombianos”, afirmó el Presidente de la Corte Constitucional.
Los tutelantes carecen de legitimación para exigir el respeto al debido proceso, pues lo discutido solo afecta al propio disciplinado, no a sus electores.
Aunque el legislador goza de libertad para regular los instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe obrar cuidadosamente, advirtió la Corte Constitucional.
La legitimidad de la justicia transicional depende, en gran medida, de la manera cómo es elaborada, opina este investigador en derechos humanos y Derecho Penal Internacional.
El Ministerio Público destacó, entre otros aspectos, la necesidad de realizar el proceso de consulta previa y de que la sostenibilidad sea el referente del marco legal que se expida.
Demostrar la posesión es suficiente para que el accionante, legítimamente, pretenda ser resarcido por la afectación que se haya producido sobre el inmueble.
Esta situación impide la protección, en tanto desaparece la amenaza o se genera una vulneración en tal grado de consumación que se hace imposible restablecer el derecho.
Esta disposición se extiende a los miembros de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, soldados o auxiliares, cuando se les haya reconocido una pensión.
Según el fallo, aun cuando se trate de funciones que no incidan directamente en la preservación de costumbres y tradiciones del grupo, este se ve afectado en su derecho a la etnoeducación.