Debe eliminarse el Consejo Superior de la Judicatura?

En reciente conversatorio promovido por la revista Semana, denominado ¿Se necesita una reforma a la justicia en Colombia?, que reunió a los más altos dignatarios, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Alejandro Bonivento reforzó el planteamiento del foro, preguntando: “¿Qué clase de reforma de justicia necesitamos?, aclarando el contexto de inaccesibilidad, de congestión estructural, de falta de autonomía e independencia y de pérdida de credibilidad, y solicitando al Ministro de Justicia liderar un pacto de alcance nacional para iniciar la discusión sobre este espinoso tema.

 

El ministro Alfonso Gómez Méndez, en su alocución, indicó que “se han tenido avances en materia de justicia, debemos trabajar en la cultura de la legalidad, desconstitucionalizar el tema de la justicia, abogar por un país con leyes y no de leyes, un poder judicial autónomo e independiente, destutelizar la administración de justicia”, pero fue categórico en decir que “la justicia sí ha cruzado líneas vedadas (carruseles, parapolítica, proceso ocho mil, etc.)”.

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda Buelvas, hizo una reflexión, auscultando por dónde empezar el diseño de todo el sistema jurídico en Colombia.

 

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, replicó que la reforma a la justicia siempre será politizada, por cuanto debe pasar por el Legislativo, y criticó que siempre nos hemos distraído en los juegos pirotécnicos de esta.

 

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, indicó que estamos sumidos en una falta de ética y de valores de jueces, magistrados y abogados litigantes.

 

Jaime Bernal Cuellar, exprocurador General de la Nación, el más aterrizado en mi criterio, propuso una reforma a la justicia integral, oponiéndose a otros que quieren una reforma parcial, exclamando con cierta ironía quién era el responsable de esta crisis.

 

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expuso que la justicia es “como el avestruz, que es incapaz de volar porque su peso se lo impide, pero podría ser un buen corredor”, en alusión a la desidia por parte del Estado de involucrar una importante tajada en el presupuesto nacional para que la reforma no sea un pretexto, sino un objetivo.

 

Cuando se abordó el tema de acceso a la justicia, el presidente de Asonal, Luis Fernando Otálvaro, citó como ejemplo que para implantar el Código General del Proceso, se requieren al menos 450.000 millones de pesos y, por tal motivo, se está implementando de a poquitos.

 

Por su parte, el presidente del Instituto de Derecho Procesal, Jairo Parra Quijano, está de acuerdo con que se prepare ideológicamente los jueces como operadores de la justicia, para que atiendan eficientemente a la gente en un estado de necesidad, porque cuando no llega la justicia del Estado, llega la justicia privada; además, abogó para que las facultades de Derecho produzcan excelentes abogados.

 

El actual senador Juan Carlos Vélez notificó a los presentes que presentó un proyecto de acuerdo para reformar la administración de justicia mediante una asamblea nacional constituyente, pero en la Comisión Primera del Senado se hundió. No obstante, volvió a insistir, por cuanto considera que es un mecanismo serio para lograr el objetivo.

 

Rodrigo Uprimny, en calidad de director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, planteó que la acción de tutela ha sido un mecanismo eficiente en los últimos años (en el 2013 se presentaron 628.000 tutelas). Considera que el problema fundamental es la falta de recursos en la administración de justicia. No obstante, hizo un análisis comparativo, indicando que países como Chile, España y Canadá se gastan menos; Salvador y Guatemala se gastan más, y que Puerto Rico goza de un buen sistema judicial.

 

Está de acuerdo en hacer una reforma quirúrgica, sobre puntos centrales, por cuanto lo que tenemos en Colombia es un problema de diseño estructural.

 

Hasta aquí lo que piensan estos gurús de la justicia. Se colige que estamos muy lejos de tener una justicia como la de Japón o una bien estructurada como la de EE UU.

 

La justicia debe ser residual, siempre y cuando las instituciones encargadas de la salud, educación, vivienda, etc., cumplan con las necesidades de los ciudadanos. De ahí la relevancia de las acciones de tutela, populares, de cumplimiento, etc., por cuanto el eje central es la protección de los derechos.

 

Se requiere volver a la cooptación para nombrar a los magistrados o, como ya lo planteó el senador Navarro Wolf, que los magistrados que integren las altas cortes deben llegar mediante un sistema de méritos.

 

Se está manejando el concepto de que los abogados en ejercicio sean disciplinados por los mismos abogados y no por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; propugnar para que no haya reelección en las altas dignidades, para no desestabilizar el equilibrio de poderes; prepararnos para el posconflicto; buscar formas alternas de descongestionar la Justicia; apropiar los recursos necesarios para la justicia, como lo hacen Costa Rica, Brasil, Bolivia o Ecuador, porque en Colombia no pasamos del 1,4 % del presupuesto o del 0,4 % del PIB. Se requiere una reforma sistémica; reformar la tutela frente a decisiones judiciales, para que la justicia no se convierta en un espectáculo de circo, como el caso del recién reintegrado alcalde de Bogotá; debemos trabajar bajo estadísticas confiables. Tenemos derecho a este derecho, por cuanto la favorabilidad en la justicia hoy no supera el 25 %; la justicia penal no está operando adecuadamente; se hace necesario adecuar el Código de Policía, que es de 1.970; superar la corrupción imperante en el espectro jurisdiccional, y pedirles a jueces y magistrados que las sentencias en Colombia se redacten de a pie, para que sean cortas.

 

Luis Faiver Perdomo

Abogado de la Universidad Libre