Después de tres meses, la Corte Constitucional dio a conocer las 284 páginas del fallo por medio del cual unificó jurisprudencia en torno a la manera como debían resolverse los derechos y acreencias laborales exigidos por varios extrabajadores de Telecom que no habían sido incluidos en el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de la entidad. En ese orden de ideas, impartió directrices para reubicar, en máximo un año, a las madres cabeza de familia que fueron desvinculadas del organismo en el proceso de supresión, así como para pagar las indemnizaciones reclamadas por nueve exoperarios que gozaban de los derechos consagrados en la convención colectiva, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1615 del 2003. A su vez, advirtió que, de manera general, quienes fueron desvinculados con ocasión de la liquidación de la entidad sin que les fuera levantado el fuero sindical y habiendo obtenido fallos ordinarios desfavorables ante los cuales no interpusieron acciones de tutela, podrán hacerlo por una sola vez. En la misma determinación se compulsaron copias al Consejo Superior de la Judicatura a fin de que investigue la presunta temeridad en la que incurrieron profesionales del derecho que acudieron a acciones de amparo, a sabiendas de la inviabilidad de sus reclamaciones; las copias a las autoridades disciplinarias también van encaminadas a establecer el presunto fraude en el que se habría enmarcado uno de los expedientes, que también debe ser investigado por autoridades penales. Cabe precisar que el magistrado Luis Guillermo Guerrero fue el único de los asistentes a la sesión donde se aprobó la providencia que salvó el voto de manera parcial (M. P. María Victoria Calle).