La Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia sobre la protección de la confianza legítima en los casos de ocupación del espacio público, en ese sentido, decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la protección del principio de confianza legítima, al trabajo y al mínimo vital, con efectos inter comunis respecto a los vendedores de un barrio de Bucaramanga (Santander) a quienes no se les permitió censarse, ni se les informó sobre programas de capacitación, de formalización de la economía y los planes de reubicación para comerciantes informales. Para el alto tribunal, si bien la alcaldía tiene la obligación de velar por el adecuado uso del espacio público, conforme al principio de la confianza legítima y a su deber de protección de los derechos de quienes subsisten gracias al comercio informal, tiene también que establecer políticas de recuperación y de compensación, previa realización de estudios de impacto que evidencien los diferentes grados de afectación, con participación de la comunidad (Sentencia T-244 del 2012) (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).