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Fiscal General compara reforma al equilibrio de poderes con toma del Palacio de Justicia

29 de Septiembre de 2014

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Al cierre del XX encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, que se celebró en Cartagena, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que casi 30 años después de la toma del Palacio de Justicia, el Congreso pretende que se repita la afrenta a la Rama Judicial que protagonizaron guerrilleros y militares, con “una reforma que desequilibra las ramas del Poder Público”.

 

A su juicio, el tribunal de aforados que propone crear el Legislativo surge de un “ánimo revanchista” de ciertos parlamentarios por el papel de la Corte Suprema en la parapolítica, y en contra el Consejo de Estado, por las decisiones que ha tomado al aplicar la pérdida de investidura.

 

Según afirmó, la “alianza siniestra” que en el pasado existió entre la clase política y el paramilitarismo en contra de las altas cortes es la que quiere “arrodillar” a la justicia. Y agregó que desde la forma de escoger a los integrantes del tribunal que remplazaría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se vislumbra un ánimo “doblegador” de la autonomía del poder jurisdiccional.

 

“Jueces y magistrados debemos hacer lo que el derecho alemán llamó el constitucionalismo militante”, afirmó Montealegre, quien les hizo un llamado a los funcionarios de la Rama Judicial para que eviten que se produzca una “segunda toma del Palacio de Justicia”.

 

Justamente, integrantes de la Corte Suprema han advertido sobre los riesgos que implica la creación de esta instancia. La semana pasada, el presidente del alto tribunal, Luis Gabriel Miranda, señaló que es partidario de que se mantenga el actual sistema de investigación y juzgamiento de aforados, pero con mejoras.

 

El tribunal que se propone crear estaría integrado por nueve magistrados, que conocerían los procesos contra los magistrados de las altas cortes, el Procurador, el Fiscal, el Contralor y el Defensor del Pueblo. Otro tribunal, de cinco miembros, se encargaría de los casos referidos al Presidente de la República, al Vicepresidente y los miembros del tribunal de aforados.

 

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