Romelio Daza Molina: “La autonomía de la Rama no se concilia con una dictadura fiscal”

Nuevos conflictos laborales y la inminencia de reformas a la administración de justicia volvieron a poner en escena a las agremiaciones de funcionarios de la Rama Judicial, que piden la palabra en este tipo de debates, algunos de los cuales ya se tramitan en el Congreso.

 

Romelio Daza Molina, presidente del Colegio Nacional de la Judicatura, advierte la necesidad de impulsar una verdadera revolución tecnológica, tanto en los usuarios como en los encargados de impartir justicia. Este magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta pide mantener como puntos inamovibles en eventuales reformas la independencia y la sostenibilidad financiera de la Rama Judicial.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Hace un año, empezó a funcionar el Colegio de la Judicatura de Colombia. ¿Cuál es su balance en torno al funcionamiento de esta iniciativa?

 

Romelio Daza Molina: El balance es positivo, en tanto se logró materializar la iniciativa de constituir una asociación profesional conformada por magistrados y magistradas de las salas administrativas y disciplinarias de los consejos de la Judicatura de todo el país, con el fin de contribuir a mejorar el servicio, desde su conocimiento y experiencia, sobre cómo funciona la justicia y qué necesidades se tienen desde los distintos rincones de Colombia.

 

Á. J.: ¿Qué iniciativas han surgido desde esa agremiación?

 

R. D. M.: Coyunturalmente, aportar y participar, con toda la experiencia y conocimiento de sus miembros, en un buen diseño constitucional y legislativo, dentro del proceso de reforma a la justicia y el Código Disciplinario que se pretende implementar.

 

Á. J.: ¿Tienen una posición unificada frente a una eventual reforma a la justicia y a las posturas que ha dejado ver el Gobierno al respecto? 

 

R. D. M.: Es conveniente que, para el rediseño de la arquitectura constitucional y legal por parte del Congreso, se ausculten las necesidades de los usuarios a través de agremiaciones como el Colegio de la Judicatura de Colombia, cuyos miembros conocemos en detalle y contamos con toda la experiencia respecto de los problemas que aquejan a los usuarios a lo largo del país, con lo cual se enriquece el análisis y se madura cualquier propuesta legislativa en ese sentido.

 

Á. J.: Se acusa a las cortes de verse politizadas por su función nominadora. ¿Está de acuerdo con mantener tales facultades?

 

R. D. M.: Nada obsta para que el tema sea revisado en virtud de fortalecer las instituciones democráticas acorde con las nuevas necesidades del país.

 

Á. J.: ¿Qué opinión le merece el mecanismo de elección de magistrados de las cortes?

 

R. D. M.: Constitucionalmente ha ido evolucionando en el país. Inicialmente, se partió de una cooptación pura y simple, que fue válida en su momento. Actualmente, existe un sistema de selección mixta, y ahora se propone un concurso de méritos como mecanismo para que a las cortes lleguen las personas más capaces y preparadas en las materias a su cargo. En resumen, las instituciones se deben ir ajustando a la dinámica de su entorno, que, en el caso de Colombia, es complejo. 

 

Á. J.: ¿Ha sido la ética de los jueces un tema de especial preocupación para el Colegio? ¿Han desarrollado alguna iniciativa sobre el particular o piensan desarrollarla?

 

R. D. M.: La ética judicial es un asunto que no es ajeno a las preocupaciones y acciones del Colegio. Precisamente, la consolidación de un estatuto ético que se ajuste a los actuales tiempos y exigencias sociales y constitucionales es una de las labores pendientes en la judicatura, en lo cual esperamos presentar nuestra contribución.

 

Á. J.: ¿Qué tan merecidas son las críticas que continuamente recibe la justicia por supuestos altos niveles de corrupción en algunos de sus funcionarios?

 

R. D. M.: Se trata de casos aislados difundidos a través de los medios de comunicación que no siempre terminan en sentencias condenatorias y frente a las cuales las salas disciplinarias han cumplido su labor, generando una mayor confianza social, de acuerdo con sus competencias. Por tanto, estas deben ser fortalecidas para que puedan continuar cumpliendo con su labor como mecanismo de control frente a la conducta de funcionarios y abogados. Esta problemática no solo agobia a la Rama Judicial.

 

Á. J.: ¿Por qué se deben incrementar los recursos para la Rama Judicial?

 

R. D. M.: Una verdadera autonomía de la Rama como expresión del modelo democrático adoptado en la Constitución no se concilia con una dictadura fiscal, de allí la necesidad de tener asignado un porcentaje racional y razonable del presupuesto nacional, como ocurre en democracias más desarrolladas que las nuestras. De este modo, la justicia no tendría que estar solicitando adiciones para poder pagar los salarios de sus funcionarios ni gestionando descongestiones por periodos exiguos, sino incrementando las plantas de personal para que se ajusten a la demanda de este servicio público esencial que aumenta geométricamente.

 

Á. J.: ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que enfrenta el aparato judicial?

 

R. D. M.: Las principales necesidades de la Rama Judicial se ven representadas en la falta de infraestructura física y tecnológica para su modernización; implementación de nuevos despachos judiciales permanentes, cuyo déficit se viene atendiendo con medidas de descongestión, y nivelación salarial para los jueces y empleados, entre otras, con lo cual se busca mejorar la respuesta de justicia hacia el ciudadano.

 

Á. J.: ¿Por qué los niveles de congestión siguen siendo tan altos con herramientas como los códigos General del Proceso y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?

 

R. D. M.: Los instrumentos legales por sí solos no solucionan la congestión judicial; requieren todo un engranaje administrativo, operativo y técnico para ponerlos en marcha, lo cual demanda asignación de recursos. Así, por ejemplo, debe crearse el número de despachos judiciales suficientes para que los funcionarios tengan cargas razonables de trabajo y contar con oficinas y una plataforma tecnológica adecuada y suficiente e, igualmente, la evacuación de asuntos del sistema escritural, en lo cual las medidas de descongestión han sido un paliativo. También deben ser capacitados en las nuevas tecnologías y cambios legislativos, sin perjuicio del proceso normal de decantación de la jurisprudencia propio de todo cambio legislativo.

 

Á. J.: ¿El déficit tecnológico de la justicia podría explicar esa falta de efectividad en la aplicación de estas disposiciones?

 

R. D. M.: La oralidad sin tecnología se termina convirtiendo en una simple verbalidad, y esta, a su vez, se devuelve a la escrituralidad. Pero este desarrollo tecnológico no solo debe ser por parte de la Rama Judicial, sino en general de todos los intervinientes e instituciones de los sistemas jurídicos de las distintas especialidades del Derecho, que interactúan en los procesos de la administración de justicia, entre ellos, el Inpec, el ICBF, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los abogados litigantes, aspecto en el cual todos debemos trabajar.

 

Á. J.: ¿Qué elementos debe contener el expediente electrónico para ser una herramienta eficaz y al alcance de todo tipo de usuario judicial?

 

R. D. M.: El expediente electrónico es un componente importante para la modernización de la justicia, pero, más que ello, se requiere cerrar la brecha digital judicial, consolidando la justicia oral tecnológica, en remplazo de la manual escritural. Esto se puede lograr a través de la implementación generalizada de la gestión judicial moderna, basada en la masificación y acceso judicial en línea, fortalecer los mecanismos de audiencias y diligencias virtuales, robustecer la plataforma de la seguridad informática en tiempo real, con capacitación al servidor y, sobre todo, a los usuarios del servicio en el entorno globalizado.

 

Á. J.: ¿Por qué cree que la justicia no ha logrado concretar ese esquema procesal?

 

R. D. M.: Porque se trata de un proceso humano de construcción de conocimiento colectivo que requiere de tiempo para la formación de una nueva cultura en el modelo judicial de gestión hacia la excelencia, así como de herramientas y de recursos.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los beneficios de ese tipo de proceso en tiempo y costos?

 

R. D. M.: Están directamente relacionados con una mayor calidad del servicio en tanto que lo haga más amable, más humano, más económico, con mayor agilidad, es decir, que genere mayor satisfacción, comodidad y mejores resultados para el ciudadano. La implementación de la oralidad en el juzgamiento de los abogados, que nació de una iniciativa legislativa del Consejo Superior de la Judicatura, ha contribuido a agilizar estos procesos reduciendo de manera ostensible los índices de archivos sin resultados por el paso del tiempo, es decir, por prescripción, tal como se presentaban en la legislación anterior al estatuto de los profesionales del Derecho.

 

Á. J.: ¿Y cómo ven el déficit tecnológico en los despachos?

 

R. D. M.: Es una preocupación latente y cada vez más apremiante.

 

 

Romelio Daza Molina

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Libre de Bogotá. Ha realizado varios posgrados, entre ellos, el de Magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana.

 

Cargos desempeñados: profesor e investigador en Derecho Constitucional, Legislación de las Comunicaciones e Instituciones Políticas, en pregrado y posgrado, por más de 26 años y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

 

Ocupación actual: magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y Presidente del Colegio de la Judicatura de Colombia.