El hecho de que las personas que ingresan libre y autónomamente a instituciones, como la Policía Nacional, deban someterse a sus reglamentos y normas sobre presentación personal no puede vulnerar derechos fundamentales, así lo advirtió la Sección Primera del Consejo de Estado al anular la Resolución 2495 de 1997, expedida por el Director General de la Policía, que permite el uso del bigote únicamente a los oficiales desde el grado de capitán, suboficiales y personal del nivel ejecutivo a partir de sargento segundo o intendente. Para el alto tribunal, esa norma viola el derecho a la igualdad de los miembros de la Policía Nacional, ya que arbitrariamente impide a unos miembros de la institución usar bigote (C. P. María Claudia Rojas Lasso).