La justicia colombiana: entre las peores

José Miguel De La Calle Exsuperintendente de Industria y Comercio

En el más reciente reporte del índice internacional de justicia del World Justice Project (2014), el país ocupa el puesto 61 entre 99, en el parámetro denominado rule of law, que integra factores como la existencia de un ordenamiento jurídico al cual se someten los entes públicos y privados y la existencia de un sistema de justicia capaz de hacer valer las leyes con independencia y oportunidad.

Según el último informe de Doing Business, en Colombia un proceso judicial para hacer valer un contrato comercial se demora en promedio 1.288 días, casi el doble de lo que se lleva el mismo trámite en América Latina (734 días), y lejos de lo que se toma en promedio en los países de la OCDE (529 días).

La justicia en nuestro país es muy lenta, y además es poco confiable, por falta de independencia, honorabilidad y transparencia. Un asesino tiene menos del 5 % de probabilidades de resultar condenado, y un corrupto, menos del 3 % de ser, al menos, investigado.

La existencia de un buen sistema judicial es esencial para sentar las bases de un país desarrollado y civilizado, que sea capaz de hacer valer los derechos de los ciudadanos y sancionar a los particulares y los funcionarios que sobrepasan la ley.

Existen muchos jueces que tienen buenos resultados individuales, pero, desde el punto de vista institucional, el único resultado óptimo de nuestro sistema de administración de justicia se da por fuera de los órganos judiciales. La Superintendencia de Sociedades, bajo la administración del actual superintendente Luis Guillermo Vélez, ha logrado llevar los indicadores del procedimiento de insolvencia por encima de los parámetros de las mejores economías del mundo. El tiempo de duración de un proceso de insolvencia en Colombia es de 1,7 años, igual a la duración del promedio OCDE, y la tasa de recuperación es de 70,3 centavos por dólar, equivalente a la tasa de recuperación de la misma OCDE, mientras que en América Latina apenas se superan los 30 centavos de dólar. La razón: aparte de los avances en la oralidad y en la formación del expediente electrónico, la prestación del servicio está a cargo de auxiliares de la justicia que son expertos externos, bien remunerados, quienes compiten con calidad para mantenerse elegibles.

En Colombia hay el mismo número de jueces activos por cada 100.000 habitantes que en EE UU, y un magistrado de una alta corte tiene un ingreso muy similar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.

Luego, cabe preguntarse, ¿qué explica el desempeño tan deplorable de la justicia colombiana?

El sistema tiene factores intrínsecos que desestimulan su buen funcionamiento. La justicia es un monopolio estatal que no tiene competencia. Los usuarios no tienen otra alternativa y sus prestadores, los jueces, reciben el mismo sueldo en el mismo rango, y no tienen incentivos para ser más eficientes. Tampoco se ven estimulados a ser mejores para lograr un ascenso, porque ello depende de la politiquería y no de la calidad del servicio. Además, un juez más rápido y más servicial puede ser visto con malos ojos por sus colegas, en un medio donde impera un malsano sentido de pertenencia. En últimas, muchos jueces aprendieron intuitivamente a funcionar a medias y con un muy escaso sentido de buena atención al ciudadano, precisamente para desincentivar la demanda del servicio de justicia. En materia judicial, ser eficiente no paga: más casos resueltos significa más riesgos y más posibilidades para que se asignen nuevos casos, es decir, más altas responsabilidades, más trabajo, con el mismo cargo y el mismo ingreso.

En el plano institucional, la rama no tiene accountability, porque su mal entendida autonomía se ha convertido en un caparazón que le sirve para mantenerse al margen de controles sobre su gestión.

La separación de poderes deja al Ministro de Justicia y al Presidente de la República en una casi total incapacidad de implementar una solución, lo que nos deja expósitos a que sea el Congreso de la República el llamado a tramitar una nueva reforma. En tal caso, prefiero una asamblea constituyente solo para la justicia, tal como lo expuse en un artículo recientemente publicado en el diario La República.