El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le pidió a la Corte Constitucional anular la Sentencia SU-377 del 2014, por medio de la cual unificó jurisprudencia en torno al pago de acreencias laborales y reconocimiento de pensión reclamados por extrabajadores de Telecom; la providencia reconoció que fueron desconocidas garantías que debían cobijar a padres cabeza de familia y trabajadores sindicalizados. La cartera sostuvo que en caso de que la máxima instancia constitucional determine que no hay lugar a acceder a dichas pretensiones, le solicita la apertura del respectivo incidente de impacto fiscal, consagrado en el artículo 334 de la Constitución y desarrollado por la Ley 1695 del 2013, a fin de que module los efectos del fallo. A juicio del Gobierno, la decisión comprende un cambio de las reglas en torno a la protección que merecen padres cabeza de familia frente al retén social, ya que no solo se limita a garantizar su continuidad hasta agotarse la existencia de la respectiva empresa, sino que se exige su reubicación; en igual sentido se pronunció frente a la desvinculación de trabajadores sin levantamiento del fuero sindical, ya que el fallo ordenó el pago de una indemnización de seis meses de salario en su favor, cuando (artículo 116 del Código Procesal del Trabajo) solo procedía el resarcimiento por despido sin justa causa del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por tratarse de una empresa en liquidación, precisó.