La Corte Constitucional declaró improcedente una acción de tutela que buscaba controvertir la decisión de sacar de circulación buses de transporte colectivo como consecuencia del proceso de implementación del sistema integrado de transporte masivo (SITM-MIO), en Cali (Valle). En opinión del alto tribunal, la existencia de recursos o medios de defensa judiciales hacen, en principio, improcedente la acción, a menos que se solicite el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Para la sala, estos casos pueden ventilarse ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante las acciones de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho e incluso de reparación directa, pues el debate legal surge de la consideración según la cual las actuaciones de la Secretaría de Tránsito de Cali causan un perjuicio patrimonial (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).