En fallo del pasado 13 de febrero, la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por el excongresista Miguel Ángel Durán Gelvis, respecto a los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación en los que se le declaró disciplinariamente responsable de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público y se le impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 12 años. Entre otros aspectos, la corporación precisó que demostrada la ilicitud de la conducta y el grado doloso del accionante, teniendo en cuenta su condición de abogado, la única sanción a imponer era la destitución e inhabilidad general, pues así lo prevé expresamente la ley y el funcionario judicial, titular de la facultad sancionadora disciplinaria, debe hacer lo que esta y la Constitución le permitan. Por lo tanto, calificó como improcedente algún juicio de ponderación frente a una conducta gravísima probada, en los términos del Código Único Disciplinario (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).