La Corte Constitucional determinó que el deterioro de las condiciones síquicas que ha sufrido un soldado víctima de secuestro es una de las circunstancias que permitiría su sometimiento a un segundo concepto por parte de una junta médico laboral. Lo anterior debido a que la máxima instancia constitucional ha permitido que quienes prestan sus servicios a las fuerzas militares puedan volver a ser valorados, con el fin de establecer el grado de pérdida de su capacidad para laborar, aun cuando ya se hayan sometido a dicho examen; esto cuando se trate de circunstancias que hagan previsible la continuidad del deterioro en su salud como consecuencia de un acto propio del servicio. En el caso concreto, la primera junta calificó una pérdida de facultades laborales del 21 % y determinó que el accionante debía ser acreedor a un tratamiento para recuperarse de las secuelas síquicas que le dejó su secuestro, por lo que la demandada se negaba a practicar un nuevo examen. La Corte, no obstante tal precedente, ordenó adelantar la nueva valoración y reconocerle al afectado las garantías a las que tenga derecho, en caso de comprobarse una pérdida su capacidad laboral mayor a la ya establecida (M. P. Martha Sáchica).