La participación de las víctimas en La Habana

Luego de casi dos años de desarrollo de los diálogos de paz en la Habana, se ha llegado al punto de negociación sobre el reconocimiento y las formas de reparación para las víctimas. Muchos han sido los debates sobre la necesidad y pertinencia de su presencia en la mesa. Lo cierto es que esta semana un primer grupo de victimas viajará a Cuba, por lo que, en esta edición, CITpax - Colombia y ÁMBITO JURÍDICO preguntan a sus invitados sobre la importancia de la participación de las víctimas en esta nueva etapa.

 

¿Quién le teme a la politización de las víctimas?

 

Juan Felipe García Arboleda

Director del Área de Víctimas CITpax - Colombia y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

 

Tiene razón Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, cuando sostiene que las víctimas son personas políticas y con derecho a ser políticas. La afirmación la hizo respondiendo a las críticas que le llovieron después del Foro nacional sobre víctimas, realizado en Cali, y que la mayoría de medios registró como un preocupante escenario de polarización política.

 

Hochschild intentaba resaltar la riqueza del encuentro y calmar a la audiencia nacional respecto del temor que algunos sectores manifestaron sobre la politización de las víctimas. Creo que quienes asistimos al foro en calidad de investigadores independientes podemos sumarnos a la ONU y contribuir al esclarecimiento sobre la participación política de las víctimas.

 

En ese sentido, es fundamental comprender para qué participan las víctimas en los procesos de transición. Uno de los principales objetivos de los sobrevivientes de la violencia es intervenir en la esfera pública de duelo, es decir, lograr que la sociedad reconozca que la pérdida que atañe a una persona o a una familia debe ser tenida en cuenta como una pérdida colectiva.

 

Ahora bien, la participación de las víctimas puede estar cargada de un vector de memoria unidireccional, es decir, señalando un solo tipo de hechos victimizantes, un solo tipo de víctimas y un solo actor responsable de la violencia. Este tipo de memoria reproduce el conflicto y tiende a alimentar argumentos negacionistas y justificatorios de la violencia.

 

En el foro de Cali, un hombre señalado de haber comandado grupos neonazis saboteó el panel de organizaciones de víctimas el primer día, acusándolas de ser simpatizantes de las FARC. Justo después, reunió afuera del recinto a un grupo de víctimas de esta guerrilla, arengando consignas sobre la importancia de desconocer el foro. Al día siguiente, desde una camioneta con vidrios polarizados, se le entregaba a ese grupo de víctimas unas camisetas que las diferenciaba: “víctimas de las FARC”.

 

Lo que presenciamos en las mesas de trabajo fue diferente al clima polarizado que registraron los medios. En la mía estaba Bertha Lucía Fries, víctima del atentado contra el club El Nogal, quien habló de la necesidad de construir una “reconciliación con valores” y de conocer la verdad sobre el atentado. La escuchaba Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN, quien manifestó que había pagado su condena en la cárcel, y reclamaba saber la verdad sobre la desaparición de un hermano que estaba al margen del conflicto. Un hombre humilde con la camiseta de víctimas de las FARC suplicó saber el paradero de su hijo secuestrado desde el 2011. Afranio Solano, líder del Urabá, denunció las amenazas sobre su vida realizadas por los paramilitares aún presentes en la región y anunció, con preocupación, el regreso de los comandantes para retomar el control después de haber purgado sus penas en Justicia y Paz.

 

Pese al dolor, el ambiente era de profundo respeto, tejiendo una memoria multidireccional con la potencialidad de censurar todos los horrores de la guerra y de construir una solidaridad entre las víctimas que consolide la esfera pública de duelo.

 

Pero las víctimas no solo participan para que les sean reconocidas sus pérdidas. También luchan para definir el significado de la transición, es decir, para establecer quién y cómo se gobernará en el futuro. Este objetivo es el más difícil de alcanzar, pues se encuentran en desventaja frente a aquellos que hacen la guerra: el modelo de Uribe con los paramilitares fue incapaz de quitarles su control de ciertos territorios. El modelo de Santos con las FARC implicará que sus miembros puedan llegar al poder en los territorios donde tienen mayor influencia.

 

Ahora que inician las visitas de las víctimas a La Habana, en un clima de memoria multidireccional, la sociedad colombiana debería escuchar el dolor de sus pérdidas para asumirlas como de la nación. Más allá de las discusiones sobre quiénes van o su grado de representatividad, el máximo desafío para el país y para las delegaciones mismas se encuentra en comprender que las víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y del Estado necesitan lugares en la dirección de la transición con un poder real que logre servir de contrapeso al gobierno territorial de los que han producido las víctimas.

 

Colombia se debe alejar de la tentación facilista de las memorias unidireccionales y de la despolitización de las víctimas: estos son los caminos directos al negacionismo y a la repetición de la violencia.  

 

 

Las FARC sí leyeron a la Corte

 

Óscar Ortiz González

Exzar Anticorrupción y gestor de la Séptima Papeleta

 

El pasado 6 de agosto, la Corte Constitucional expidió un comunicado sobre la sentencia que resolvió la demanda, presentada por Rafael Guarín, contra una parte del Acto Legislativo 01 del 2012, llamado Marco Jurídico para la Paz.

 

El Gobierno no demoró en celebrar la decisión de exequibilidad, a pesar de que sus argumentos y pedidos presentados ante la Corte en el sentido de eliminar cualquier restricción para la participación política de miembros de las FARC, coincidentes con los del Fiscal General, fueron rechazados luego de que inicialmente fueran acogidos por la ponencia del exmagistrado Alberto Rojas, que consideraba contrario a la Constitución limitar la participación en política de los responsables de crímenes sistemáticos de lesa humanidad y de genocidio, porque ello se erigiría en un obstáculo insalvable para la paz.

 

Leído integralmente el comunicado de la Corte Constitucional, es decir, analizando la síntesis de los fundamentos tanto de la sentencia, como de los salvamentos y de las aclaraciones de voto, se concluye que la decisión no es de una simple conformidad del Acto Legislativo con la Constitución, ya que comporta tanto unos límites en su contenido y alcance, así como para el legislador a la hora de expedir la ley estatutaria que lo desarrolle.

 

La Corte Constitucional establece que sí hay delitos que impiden la participación en política y que esta no es automática. Es decir, para participar en política, primero tienen que decir la verdad, cumplir las penas y responder por sus víctimas. Verdad, justicia y reparación son condiciones para poder acceder a ese derecho.

 

El alto tribunal decidió que alguien habilitado para participar en política puede ser extraditable.

 

En contraste con la celebración del Gobierno por haber supuestamente quedado intacta su reforma constitucional, las FARC, desde La Habana, calificaron la providencia de la Corte Constitucional de “maleza jurídica”. Pero no se quedaron ahí. Al día siguiente, salieron a impulsar la creación de un fondo para la reparación de las víctimas, para resarcir económicamente durante los próximos 10 años a los “afectados por el conflicto”, eso sí quienes tienen la tarea de trabajar y ahorrar para pagar por los daños causados por esa organización ilegal son los ciudadanos. Al tercer día, anunciaron la creación de un movimiento político de víctimas.

 

Las declaraciones de las FARC durante los tres primeros días de la ronda de agosto indican que esa organización ilegal sí leyó a la Corte Constitucional. Por eso, atacan su sentencia e, incluso, el propio acto legislativo, porque son conscientes de que su contenido práctico es el que la Corte Constitucional le asigna mediante dicha providencia. Por ello, no solo califican la jurisprudencia de “maleza jurídica”, sino que van más allá y desvirtúan la legitimidad de la reforma constitucional, por no haber sido aprobada por ellos.

 

En consecuencia, la disputa ya no es por la argumentación de la decisión o el contenido de lo aprobado por el Congreso, sino por la fuente de la norma, es decir, por la autoridad política y jurídica que tiene la competencia para expedir reglas vinculantes para ellos. En otras palabras, para las FARC, el Capitolio y la Corte Constitucional de Colombia ahora quedan en La Habana.

 

El segundo pronunciamiento también es una reacción en contra de la sentencia. Ya no en virtud de su fuente de legitimidad, sino en su contenido. Está enderezada a evadir su responsabilidad patrimonial frente a sus víctimas, tal y como lo establece la Corte.

 

La tercera reacción de las FARC respecto a la sentencia pretende pasar al proselitismo, convocando a un movimiento político de las víctimas.

 

Es claro que las FARC no pretenden persuadirnos, sino someternos. Por ello, sus víctimas no son solo quienes han sufrido sus vejámenes físicos, sino políticos, es decir, todos los ciudadanos. Si las FARC son la única autoridad, ¿a qué van las víctimas a La Habana?