El Consejo de Estado determinó que el Congreso debe adoptar medidas administrativas y legislativas para evitar que mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sean despedidas. Con esos argumentos, ordenó el reintegro de una trabajadora a la Cámara de Representantes, que fue inducida por sus superiores a presentar su carta de renuncia, pese a estar en estado de gravidez. La Sala también hizo un llamado de atención por la falta de oportunidad de la demandada para cumplir una decisión judicial que ordenaba tal reintegro, toda vez que la actora debió acudir a la tutela para que se cumpliera la medida. Subrayó que los derechos de estas trabajadoras, consagrados en disposiciones como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Ley 51 de 1981), instan a los Estados a garantizar ingresos dignos para estas empleadas y continuidad durante el periodo de embarazo (C. P. Stella Conto).