Atenerse a lo resuelto en la Sentencia C-169 del 2014, que declaró inexequible la reforma al arancel judicial, solicitó la Procuraduría (expediente D-9806, sobre la Ley 1653 del 2013). En criterio del Ministerio Público, las exigencias contempladas en esta norma afectan de manera desproporcionada el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza.