Al resolver una acción popular relativa a la moralidad pública y la defensa del patrimonio público, el Consejo de Estado reiteró que al juez popular le corresponde analizar tanto la conducta de la respectiva autoridad como también auscultar e identificar los valores, principios y reglas que constituyen el sustrato mismo o la finalidad de las normas cuya inobservancia se alega, respecto de alguno de sus elementos integradores. Así mismo, el alto tribunal recordó que con el fin de identificar una posible vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público se debe analizar la conducta imputada a la autoridad administrativa para verificar si constituye un manejo irresponsable, negligente o con una destinación diferente de la legalmente establecida respecto de los bienes y derechos de titularidad pública, concepto que incluye pero no se agota con el concepto de propiedad pública (C.P. Mauricio Fajardo Gómez).