Es increíble cómo personas que uno no conoció y de las que solo sabe por sus escritos y sentencias terminan recordándole lo verdaderamente importante en la educación jurídica: creer en el alma del estudiante.
Aunque se propone una jurisdicción especializada para repartir la carga procesal y permitir que los jueces tengan más tiempo para otros casos, esto no previene la violación de derechos fundamentales y evita que los jueces apropien el conocimiento constitucional en su trabajo cotidiano.
En la medida que la ley no hace distinción alguna, no es aceptable al intérprete hacerlo y, en esa medida, es de trascendental importancia determinar el momento en que inicia el proceso arbitral.
Desde el Gobierno, hay que darle mayor libertad a la creación de modelos de negocio para no estancar la innovación, pero también mayor regulación a temas sensibles.
Los cambios de las reglas de juego hacen reaccionar a los beneficiarios con decisiones de choque, que al final perjudican la economía, los ingresos fiscales y el orden público económico.
En suma, durante este último año, el Acuerdo Final no fue refrendado popularmente. La política presidencial no obtuvo respaldo ciudadano. Todo ha sido precipitado, discutible y artificioso.
Más allá de las distintas posiciones políticas sobre el Acuerdo de Paz, lo cierto es que la seriedad de las sanciones es una demanda legítima que ha estado en el centro del debate público.
De acuerdo con Ramiro Bejarano, la reforma introducida por el artículo 198 del Código General del Proceso no significa que cada quien puede pedir su propia declaración.
En estos tiempos de “desconfianza en las instituciones”, especialmente en las jurídicas, es muy valioso recordar a una persona ejemplar: el profesor Carlos Gaviria Díaz.
Francisco Barbosa hace un recorrido por las diferentes formas de elección de los magistrados de las altas cortes, un tema fundamental para entender los cuestionamientos que hoy recaen sobre algunos dignatarios de la justicia.
Es imperativo contar con estas iniciativas robustas y hechas a la medida de cada compañía según sus características, riesgos y contexto, y adecuarlas a las dinámicas cambiantes del mundo.
Nos hemos acostumbrado a vivir con el dolor y el sufrimiento en nuestras narices, pues nos parece ya normal ver tantos perros callejeros luchando por sobrevivir.
Maximiliano Aramburo se pregunta: “Qué es lo que está en crisis, si es que hay algo: ¿Se trata de las altas cortes o de la justicia ordinaria? ¿Es la independencia de los jueces, acaso? ¿O su imparcialidad? ¿Son los mecanismos de selección y formación de los jueces? ¿Su ética?”
El reconocimiento termina siendo una obra a varias manos, en la cual el postulado llamado a reconocer es solo un objeto de la representación probatoria llevada a esta jurisdicción.
La Cámara de Representantes revivió la Comisión de Aforados en el proyecto de acto legislativo que tramita sobre reforma política y electoral, repitiendo, de manera improvisada, la reglamentación que tumbó la Corte Constitucional.
Debemos replantear la manera como los abogados entendemos la interpretación, pues no se trata simplemente de una actividad para darle un sentido a una disposición normativa o a unos hechos jurídicamente relevantes.
Es hora de actuar y corregir el rumbo del régimen pensional, pues actualmente 3,5 millones de personas de la tercera edad que hicieron posible construir la Colombia del siglo XXI se debaten entre la pobreza y la pobreza extrema, sin posibilidad de mejorar su situación.
Los registradores de instrumentos públicos se deben abstener de registrar embargos que comprometan esta propiedad fiduciaria, tal como lo ordenó Supernotariado.
Las sanciones deben estar predeterminadas en la ley. Establecer rangos en decretos que las desarrollan es una extralimitación de la potestad reglamentaria.
La lectura de la obra de Samper conduce a una conclusión vigente para la Colombia de hoy: las reformas relativas a la tierra pasan por repensar el ordenamiento territorial colombiano.
Señores magistrados de la Corte, háganle un favor a la democracia: acaben con ese bazar en que hoy sigue convertida la selección de tutelas en la Corte Constitucional.
La primera consecuencia que se avizora es que menos profesionales del Derecho serán necesarios, en la medida en que algunos servicios legales con formatos repetitivos serán remplazados por inteligencia artificial.
La primera consecuencia que se avizora es que menos profesionales del Derecho serán necesarios, en la medida en que algunos servicios legales con formatos repetitivos serán remplazados por inteligencia artificial.
Aunque la Ley 1340 del 2009 señala varias finalidades de la libre competencia, para muchos su razón última y determinante no es otra que el bienestar de los consumidores.
Ante la intranquilidad ciudadana por los posibles excesos de poder, es responsabilidad de las dos instituciones capacitar a sus miembros en el respeto a los derechos y libertades individuales.
El sector de infraestructura está a la expectativa del proyecto de ley de contratación pública, que en gran parte marcará el dinamismo de las financiaciones del programa de cuarta generación de concesiones.
Consideramos que lo más acertado hubiese sido que la concepción normativa de producto defectuoso fuese unitaria y amplia, sin determinar la proveniencia del defecto.
El documental no tiene el deber de mostrar la inocencia o culpabilidad de un individuo. Su única obligación es contar una historia y hacerlo bien. Con rigor periodístico y cuidado estético.
Los problemas entre empresas de tecnología por la utilización de técnicas de web scraping han venido creciendo al compás de los desarrollos tecnológicos.
En su etapa judicial, la competencia para esta clase de demandas es exclusiva del juez de familia, al tiempo que la fase administrativa le corresponde al ICBF.
Hoy, existen alrededor de 1.000 millones de carros en el mundo, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero, generando el progresivo cambio climático que ya estamos experimentando.
En materia pensional, la existencia de una doble normativa sobre un mismo tema y la incertidumbre que esto genera ha aplazado decisiones comerciales de los fondos de pensiones y el ahorro de los trabajadores.
Desde lo civil, la indignidad es una sanción en la que se pierden los derechos sucesorales de forma parcial o total, por actos u omisiones que restan mérito para recibir una asignación.
SUMARIO O DATOS IDENTIFICADORES Ya es habitual que, por cada capturado dejado en libertad, se reproche la pulcritud del juez, sin saber el trasfondo que motivó su decisión. Ya es habitual que, por cada capturado dejado en libertad, se reproche la pulcritud del juez, sin saber el trasfondo que motivó...
“Este caso pone en ascuas el ámbito democrático en el país, dejando en la palestra grandes interrogantes sobre la libertad de expresión y sus límites en el contexto jurídico nacional e internacional”, Francisco Barbosa.
Los recientes cambios normativos han suscitado varias preocupaciones relacionadas, especialmente, con la duración del debate para revisar disposiciones del Acuerdo de Paz.
Ian Welsh elaboró una distinción muy creativa al sostener que la ética es la reflexión sobre cómo tratar a personas que no conocemos, mientras que la moral es la reflexión sobre cómo tratar a personas que conocemos.
Como dispositivo judicial, la JEP se articula a mecanismos extrajudiciales para el esclarecimiento de hechos y responsabilidades en el marco del conflicto armado
El argumento según el cual honra la oralidad obligar al apelante a sustentar en audiencia su apelación, a pesar de ya haberlo hecho ante el a quo, es procesalismo a ultranza.
El pillo evasor que toma precauciones para evitar el pago de sus impuestos no es perseguido, y se victimiza a quienes no cuentan con las sofisticadas estructuras creadas para evadir.
La insuficiencia y la burocracia incompetente del Estado explican por qué es tan incapaz a la hora de ejecutar políticas, garantizar seguridad o impartir justicia.
Por concentrarse exclusivamente en la aplicación al caso concreto de la libertad de cultos, los jueces omitieron el examen sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La oposición al desarrollo de estas iniciativas debe mirarse con una óptica propositiva de aporte a la construcción de sociedad y de búsqueda de soluciones negociadas.
¿Es coincidencia que un alto porcentaje de magistrados de altas cortes provenga de las universidades de Bogotá, que, con buenas razones, suelen estar siempre en las primeras posiciones de las clasificaciones?
Si los presidentes deciden utilizar libremente sus cuentas para comunicar información relacionada con sus funciones, dicha información se convierte en pública.
Con los actos legislativos sobre el Acuerdo Final se está creando un nuevo y complejo galimatías jurídico que tendrá serias repercusiones en la vida económica y social del país.
La filosofía se muestra en el libro de Kaag como algo del día a día y no como un conglomerado de conferencias y congresos y notas al pie de otras notas al pie.
Es momento, entonces, de preguntarse cuál es su riesgo como operador de comercio exterior y comenzar a implementar sistemas de administración del riesgo de sus operaciones.
Las nuevas acciones legales contempladas en materia societaria y la facilitación que se ha buscado en materia de litigio societario han rendido efecto.
Resta desear que esta iniciativa avance en beneficio de los emprendedores colombianos, pues si esta figura ha sido posible en otras economías, ¿por qué no habría de serlo en Colombia?
Lo propicio es el establecimiento de medios de impugnación frente al laudo, pero, como contrapartida a esta regla, que ellos no se extiendan a la revisión de fondo.
Lo ideal sería apuntarle a una convergencia plena, unificando la CRC y la Antv en un solo ente que opere como un único regulador para todo el sector de TIC y audiovisual.
Acudir a estas políticas de acuerdos, confesiones convenidas, regateos y alianzas que ofenden el sentido moral devela la crisis de los sistemas penales
La Ley 1826 del 2017 es adecuada para combatir de manera oportuna y eficaz la comercialización de mercancía pirata o falsa que atente contra la economía y los intereses y derechos de los empresarios.
Con la doctrina de la sustitución siempre se corre el albur de que la Corte altere la decisión del constituyente secundario e intervenga en la política partidista.
El esfuerzo administrativo por obtener resultados debe apuntar a quienes no aceptaron el juego limpio y se negaron a normalizar, y no acudir a la búsqueda voraz del recaudo.
No hay que perder la fe en el Derecho Laboral, en el papel constructor y de coherencia social de la seguridad social, en su poder como agente de cambio.
Según Ramiro Bejarano, “no es sano que alguien pueda incidir en una decisión judicial, sin que existan controles internos y externos, como hoy ocurre con los magistrados auxiliares”.
Los resultados del país en los últimos años han sido moderadamente positivos. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, desde el 2012, Italia subió del puesto 72 al 60.
El Banco Mundial lanzó el Informe sobre perspectivas económicas para América Latina y el Caribe para el año 2017 y se cumplieron los cinco años de la vigencia del TLC con EE UU.
Se trata de asociaciones público privadas que buscan obtener financiación para desarrollar programas gubernamentales de naturaleza social dirigidos a personas o comunidades vulnerables.
Para el caso de los commodities, los precios de análisis para tener en cuenta son los precios de cotización y se deben tener los soportes del precio fijado o pactado.
El texto acordado y las reformas que le introdujo el Congreso enredan aún más la justicia transicional. ¿Intervendrá o no la Corte Penal Internacional? ¿La JEP aplicará el derecho colombiano o únicamente el DIH?
El trámite de un referendo de esta naturaleza es complejo. Cada paso fue diseñado con el propósito de evitar que este mecanismo fuera utilizado de manera perversa
El propósito del Acuerdo Especial es extender o precisar la aplicación del DIH en el conflicto interno, sea por la generalidad del artículo 3º (común de los Convenios de Ginebra) o por cualquiera otra razón.
En su columna de despedida, Carlos Bernal Pulido recuerda algunas de sus ideas que defenderá en su nueva posición como magistrado de la Corte Constitucional.
La capital necesita recursos para su adecuado funcionamiento y desarrollo y esta contribución será necesaria. Pero todos los ciudadanos, sin importar el estrato y con contadas excepciones, deberían aportar por el beneficio general.
El quehacer cotidiano del arbitraje nos permite identificar algunos cuellos de botella que configuran verdaderas talanqueras frente a la celeridad de este trámite.
El quehacer cotidiano del arbitraje nos permite identificar algunos cuellos de botella que configuran verdaderas talanqueras frente a la celeridad de este trámite.
La Ley 1826, que aplica para conductas sancionadas con penas privativas de libertad, así se califiquen como de menor relevancia, puede presentar problemas de constitucionalidad.
Jesner c. Arab Bank revive un debate: ¿las corporaciones pueden ser demandadas en tribunales de EE UU por complicidad en violaciones de derechos humanos acaecidas fuera de ese territorio?
Iván Daniel Jaramillo Jassir y Diego Felipe Valdivieso Rueda analizan para esta sección las implicaciones más importantes de la Sentencia C-005 del 2017 de la Corte Constitucional.
Los comportamientos que obliga el Derecho se convierten en patrones de conducta requeridos que, de otro modo, no serían exigibles y mucho menos realizables.
En su columna de opinión, Ramiro Bejarano analiza los alcances del artículo 598 del Código General del Proceso, en relación con el proceso de disolución y liquidación de la unión marital de hecho.
Las zonas francas tenían como objeto original fomentar las exportaciones del país, pero muchas de las que lograron esa favorabilidad no se molestan con la tarea de conquistar mercados externos.
Aquellas disposiciones del Acuerdo que se convierten en parámetro de interpretación de manera transitoria no podrán, en ningún caso, sustituir la esencia de la Constitución.
Se requiere de un juez constitucional imparcial que garantice que los procesos de negociación con grupos guerrilleros se desarrollen dentro de las disposiciones de la Constitución vigente y no al margen de esta.
Aunque creo y defiendo una paternidad activa, consciente y presente, no me resulta claro por qué la permanencia en el cargo garantiza la conciliación entre la vida familiar y laboral.
La Corte necesita académicos para hacerle frente a dos retos mencionados por el presidente Santos: el posacuerdo y el balance del impacto económico de los fallos constitucionales.
Fredy Hernando Toscano, profesor de Derecho Probatorio y de Metodología de la Investigación, da algunos consejos para sacar adelante este proyecto de investigación.
La creación de una única corte de pocos magistrados parece desconocer las complejidades del modelo que pretende imitar, así como las notables diferencias entre los dos regímenes.
El problema central reside en la posibilidad de que la Corte Penal Internacional llame a juicio a integrantes de las Farc que se han sometido a la justicia especial para la paz.
El problema no son las personas religiosas, sino quienes confunden la biblia con la Constitución; el problema no son los hombres, sino quienes promueven el sexismo.
El problema no son las personas religiosas, sino quienes confunden la biblia con la Constitución; el problema no son los hombres, sino quienes promueven el sexismo.
Ahora, surge un nuevo debate: las cirugías estéticas y las clínicas donde estas se practican. Debate que, si se continúa aplazando, verá las copiosas muertes que se sumarán a las estadísticas de hoy.
Desde 1976 hasta la fecha, los distintos ordenamientos que han reglamentado la contratación administrativa, lejos de contribuir a disminuir la existencia de prácticas corruptas, han hecho que estas se vuelvan más sofisticadas.
El fútbol nos muestra una manera innovadora para conciliar nuestras diferencias, un espacio donde nos olvidamos de nosotros como individuos y nos pensamos como colectividad.
A propósito de la sentencia en contra de Rafael Uribe Noguera, ¿de qué forma se tasan las penas? ¿cómo se miden los cuartos? ¿cuándo procede la justicia premial? Un experto explica cómo se determina la pena de prisión en Colombia.
Es deber principal de los árbitros minimizar el menoscabo de la integridad jurídica del laudo, a fin de concurrir eficientemente con el mandato de resolver el litigio.
El núcleo de una medida cautelar está en la necesidad de intervenir de forma anticipada para mitigar daños que se asocian a una situación en curso y no consolidada.
Solemos pensar la historia de la prisión como un proceso humanizado, muy a pesar de la inmensa crítica realizada por Foucault y de la realidad que nos ha mostrado la Corte Constitucional.
La Rama Judicial necesita enfrentar el fast track. Varias de sus funciones son cruciales para la implementación del Acuerdo y, sobre todo, para garantizar la paz como política estatal.
La jurisprudencia constitucional creó la tesis de la sustitución de la Carta, la cual, muy probablemente, aplicará a los actos que implementen el acuerdo.
Lo que no pasa de moda es la gran incertidumbre que ha generado la ley tributaria del 2016, por la generalidad y falta de precisión de algunas disposiciones.
Es innegable que, luego de los resultados del plebiscito, el Acuerdo de Paz tiene un déficit de legitimidad que afecta su sostenibilidad política y jurídica.
La discusión no es si Uber u otras plataformas pueden operar en Colombia. El debate se centra en determinar y en cuantificar unos daños que el Estado tiene que reparar.
La adecuada petición y decreto de las medidas cautelares innominadas en los procesos civiles puede impedir la fuga de las causas propias de esta jurisdicción a la de tutela.
Desde el punto de vista laboral, qué pasa cuando el teléfono suena un sábado a las cuatro de la tarde, o en vacaciones, o se recibe un correo electrónico o un chat del jefe el viernes a las nueve de la noche. ¿Hay que contestarlo?
Todorov es un filósofo que reexaminó lo humano no para superarlo, sino para entender sus límites y buscar unos puentes que nos permitan acercarnos al otro
Después de varias sentencias de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de más de siete años de pronunciamientos, aún no hay certezas sobre el tema.
Los estadounidenses nos están recordando que la ciudadanía no solo se ejerce votando cada cuatro años, sino que tiene que encontrar espacios dentro de la cotidianidad individual y comunitaria.
Atravesamos tiempos de lo que algunos llamaron ‘la era de la descodificación’, lo que suscita no pocas opiniones sobre el sistema de fuentes del derecho.
Una vez el Tribunal Andino profiere su interpretación, fija el sentido y alcance de la norma comunitaria, por lo que, luego de expedida, no puede ser desentendida.
Los expertos Sergio Rojas Quiñones y Javier Tamayo Jaramillo analizan un fallo reciente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre los elementos de la responsabilidad civil.
¿Un pacto arbitral para arbitraje internacional según la Ley 315 pierde tal calificación bajo la vigencia de la Ley 1563? En mi opinión, la respuesta es negativa.
La democracia debe ser preservada, pero sin permitir que la insensatez, el nacionalismo y la violación de los derechos puedan ser el camino torticero que la misma democracia nos trace.
A muchos todo eso les da igual. Reclaman nada menos que la pena de muerte. Sangre, como el talión o la mafia, para purgar el pecado con el sacrificio del reo.
Es de lamentar la creencia generalizada de que la única medida de aseguramiento es la detención preventiva y la inclinación de algunos funcionarios a encarcelar a toda costa.
La Ley Kouchner, con leves modificaciones posteriores, resuelve satisfactoriamente para todas las partes el problema de las indemnizaciones por daños causados en la prestación de servicios de salud.
El país debe trabajar a fondo en la creación de una política de alta prioridad que unifique los mejores estándares para la contratación en todos los municipios y entidades, José Miguel de la Calle.
Varios países se están preparando para abordar estos temas, que parecieran futuristas y de ficción, pero que son una realidad ineludible desde hace varios años atrás.
Si el apelante tuviese que pedir al mismo tiempo aclaración y apelar una providencia, sería tanto como obligarlo a impugnar una decisión que aún no ha comprendido. Opinión de Ramiro Bejarano.
La reforma tributaria recientemente aprobada es el resultado de un estudio juicioso, serio y profundo del sistema, por lo que resultó sorprendentemente mejor de lo esperado.
La bonanza externa propició comportamientos aventureros e irracionales de todos los agentes, que van a frenar el desarrollo del país hacia el futuro, todo lo cual se pudo evitar.
Si bien la ampliación del tiempo de la licencia de maternidad tiene unos grandes efectos positivos, también tiene otros mensajes y efectos colaterales.
Hay que retomar el espíritu del Acuerdo de Paz y garantizar la satisfacción de los derechos de todas las víctimas en igualdad de condiciones a través de un solo sistema integral.
No hay que olvidar que, en el país, los procesos de posconflicto y de transformaciones sociales y políticas han dado lugar a normas de carácter ambiental.
Los sistemas locales de justicia potencian las capacidades de los actores presentes en los territorios, integrando las voces ciudadanas y comunitarias a través de su participación.
No me parece exagerado pensar que las democracias están en riesgo ante las múltiples tentaciones populistas que en el 2016 obtuvieron algunos de sus más notables triunfos.
Se le ha arrebatado al perdón, al menos parcialmente, su condición de acto humano, para convertirlo en el objeto de una prestación obligacional, jurídica.