Columnistas
Paz popular
Juan Manuel Charry Urueña
Abogado constitucionalista. Presidente del Instituto Libertad y Progreso
jcharry@charrymosquera.com.co @jmcharry
¿Cuál ha sido el respaldo ciudadano a las diferentes políticas de negociación o no con los grupos guerrilleros? Si se tuviera en cuenta el respaldo a los respectivos presidentes, que no serían precisamente comparables con los resultados de los plebiscitos, se podría decir:
Gobierno/Plebiscito |
% Mayoría de votos |
% Participación |
% Censo electoral |
Belisario Betancur (1982-1986) |
46,62 |
49,80 |
23,22
|
Andrés Pastrana (1998-2002) |
50,39 |
58,85 |
29,65 |
Álvaro Uribe (2002-2006) |
53,04 |
46,47
|
24,65 |
Álvaro Uribe (2006-2010) |
62,35 |
45,05
|
28,09 |
Juan Manuel Santos (2010-2014) |
69,13 |
44,33 |
30,65 |
Juan Manuel Santos (2014-2016) |
50,75 |
47,89 |
24,30 |
Plebiscito (2016) |
50,21 |
37,43 |
18,79 |
Belisario Betancur fue elegido presidente con el más bajo respaldo electoral, frente a un Partido Liberal dividido. Como consecuencia de la política de paz de ese gobierno, el 28 de marzo de 1984, se firmó un acuerdo con las Farc, el cual se malogró, entre otras cosas, por la falta de apoyo político y por el criminal genocidio de los miembros de la Unión Patriótica, partido político que representaba los ideales del grupo guerrillero.
Andrés Pastrana, bajo la Constitución de 1991, fue elegido con el segundo más alto respaldo electoral, para lograr la paz negociada. Trató de alcanzar un acuerdo con las Farc, haciendo grandes concesiones que fueron aprovechadas ilícitamente por el grupo guerrillero, por lo cual no se logró y causó un gran descontento en la sociedad y un repudio a los insurgentes.
Álvaro Uribe fue elegido en primera vuelta, con un aparente débil respaldo electoral, que se explica en forma diferente, en razón a que ganó por mayoría absoluta frente a varios candidatos, sin que se requiriera una segunda vuelta electoral. Como consecuencia del fracaso de las negociaciones del gobierno anterior y el fortalecimiento del grupo guerrillero, se propuso ejercer la autoridad y emprender acciones ofensivas contra los insurgentes. Como los resultados fueron lentos e insuficientes, se modificó la Constitución para permitir la reelección presidencial.
Álvaro Uribe fue reelegido en el 2006, también en primera vuelta, con un aún mejor respaldo ciudadano que en la elección anterior, para que continuara con su política de ejercicio de autoridad y ofensiva contra los guerrilleros, sin perjuicio de intentar negociaciones con estos.
Juan Manuel Santos fue elegido en el 2010, en segunda vuelta, con el más alto respaldo ciudadano para que continuara con las políticas del gobierno anterior; sin embargo, en el discurso de posesión anunció que tenía la llave para lograr la paz con las Farc, a la postre se conoció de las negociaciones con el grupo guerrillero, lo que ocasionó el distanciamiento con la política inicial. A pesar de considerar inconveniente y derogar la figura de la reelección presidencial, se mantuvo como instrumento para continuar las negociaciones con los insurgentes.
Juan Manuel Santos fue reelegido en el 2014, en segunda vuelta, con una escasa mayoría. Su mandato consistió básicamente en alcanzar un acuerdo con el grupo guerrillero.
Como es sabido, el acuerdo se logró, se sometió a plebiscito el 2 de octubre del 2016, donde se impuso el rechazo con una exigua mayoría. Si bien este resultado electoral no es comparable con los presidenciales, se debe considerar en el contexto de los procedimientos de participación ciudadana. Ahora bien, el plebiscito de 1957 obtuvo un respaldo ciudadano de más del 84 %.
Si se toma el porcentaje del censo electoral de cada elección como el respaldo popular a las respectivas políticas se tiene: Belisario Betancur fue quien tuvo el menor apoyo y a pesar de firmar un acuerdo de paz, se habría malogrado por ello. Juan Manuel Santos tuvo el más alto respaldo para continuar con la política de Uribe y el segundo más bajo para continuar con las negociaciones con las Farc, lo que se reforzaría con la refrendación popular que resultó pobremente adversa.
Por lo anterior, se debe insistir en que las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros no deben ser políticas exclusivas del gobierno de turno, sino proyectos apoyados por consensos de todas las fuerzas políticas y sociales significativas. Como tampoco se deben extender los periodos presidenciales para ejecutar una de estas políticas. Una sociedad polarizada y dividida, que en el pasado reciente apoyaba mayoritariamente la opción de autoridad y justicia, podría ser un escenario contraproducente para imponer un acuerdo.
Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com.co
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