Necesidad de una autoridad convergente en telecomunicaciones

José Miguel De la Calle

Socio de Garrigues

jose.miguel.delacalle@garrigues.com

El sector audiovisual y de telecomunicaciones en Colombia está gobernado por una gran variedad de autoridades públicas que ejercen funciones disímiles y, a veces, duplicadas, lo que indica que debemos emprender de inmediato una restructuración del sector que permita, entre otras cosas, darle vida a un regulador convergente, en armonía con la premisa esencial de neutralidad tecnológica y con la tendencia mundial irreversible de convergencia de servicios, usuarios y plataformas.

En virtud de lo previsto en la Ley 1507 del 2012, la misión principal de la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) se concreta en la entrega y gestión de licencias y contratos de concesión, a lo que se suman ciertas labores de inspección, vigilancia y control (IVC). La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por su parte, cumple funciones de regulador respecto de las condiciones de operación de las redes y los mercados. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE) también ejercen funciones de IVC y de planeación.

En el mundo de hoy, donde el uso de plataformas polivalentes permite proporcionar sobre IP servicios individuales o empaquetados de voz, datos y video, no hay razón para mantener un tratamiento regulatorio diferencial para cada subsector. Resulta más eficiente, y evita arbitrajes regulatorios, que todo el sector audiovisual -incluyendo servicios Over The Top (OTT), televisión, radiodifusión y telecomunicaciones- se organice bajo una única visión homogénea que comprenda toda la cadena de valor, desde la generación de contenidos, hasta su disposición al usuario final.

La tendencia mundial hacia reguladores convergentes es indiscutible. En EE UU, la Federal Communications Commission (FCC) se ocupa de los temas de radio, TV y contenidos. En el año 2002, en Inglaterra, se fusionaron cinco entes reguladores en uno solo (Ofcom), que cubre radio, TV, video y comunicaciones. Recientemente, México también optó por una autoridad única audiovisual.

El año pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un estudio muy completo sobre el tema, denominado El futuro del sector audiovisual en Colombia, que propugna claramente por una reforma estructural del sector, que no solo armonice la regulación para todos los actores, eliminando asimetrías injustas, sino que establezca a la CRC como el único regulador, dejando a la Antv con funciones exclusivas en materia de contenidos y derechos de autor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) también ha planteado la necesidad de una reforma legal de similar alcance.

En mi criterio, lo ideal sería apuntarle de una vez a una convergencia plena, unificando la CRC y la Antv en un solo ente que opere como un único regulador para todo el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y audiovisual, incluyendo el tema de la supervisión de contenidos, y dejando al Mintic como cabeza de sector y único responsable de la formulación de la política pública. Los demás organismos que operen bajo la sombrilla del ministerio no deben tener ningún tipo de competencia en materia de formulación de política, y deben solo servir de brazos ejecutores, bajo los lineamientos del alto gobierno.

Esta reforma estructural debe estar acompañada de la creación de una superintendencia que se haga cargo de todas las funciones de IVC, remplazando en ese rol al Mintic, a la ANE y a los demás entes que tengan ese tipo de funciones. No sobra advertir que, en nuestra visión, el resultado global de una reorganización como esta no tiene por qué generar sobrecostos operativos, sino, incluso, importantes ahorros, como consecuencia de las eficiencias que se lograrían.

La reforma no estará completa, si no se produce concomitantemente una reforma legal que aplane paulatinamente las asimetrías regulatorias tan severas que existen entre servicios OTT y los demás jugadores, como operadores de televisión y proveedores de servicios de internet, y que flexibilice y homogenice los requisitos de entrada al mercado. No tiene sentido alguno -y genera efectos anticompetitivos dramáticos- el que se mantenga la exigencia de contratos de concesión, licencias previas u otras barreras de entrada y que esos controles funcionen selectivamente solo para algunos intervinientes.