La tutela, de faro de la democracia a cloaca de la corrupción

Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com, www.tamayoasociados.com

El mayor logro de las democracias modernas ha sido la acción de tutela. Sin ella, los derechos fundamentales no serían efectivos, ni el Poder tendría controles reales. Ella fue concebida como una puerta excepcional, para que los justos entraran a reclamar, ante el recinto sagrado de la Corte, los derechos de los débiles, y a proteger al Estado social de derecho. Pero si usted deja como guardianes de esa Gran Corte a deshonestos, no lo dude: a ella entrarán, como Ali Babá, todos los corruptos. Estos pagarán a los guardianes, en efectivo o con favores, el paso por esa puerta de excepción, para destrozar a la Corte, sagrario de la tutela y de la justicia.

En ese sentido, desde hace años, vengo abogando porque se elimine el mecanismo perverso de la selección de tutelas, en especial, el nefasto recurso de insistencia, mediante el cual una tutela que no fue seleccionada para revisión puede ser rescatada, a solicitud de un magistrado de la misma Corte. He ahí el aljibe de la corrupción colombiana. 

El miércoles 12 de julio de este año, el diario El Tiempo, en su página 10, denuncia el intento del magistrado Alberto Rojas Ríos, para rescatar una sentencia de tutela que no había sido seleccionada inicialmente. Los hechos muestran el origen de su intento: una mujer fue condenada a 52 años de cárcel por haber matado a su esposo, a su hijastro y a otras dos personas más, para quedarse con la fortuna de su marido. El juez de ejecución de penas le concedió a la señora el beneficio de la casa por cárcel, protegido por los tres magistrados del Meta que ahora son investigados por recibir sobornos a cambio de beneficios improcedentes, mediante tutelas. Pero la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de tutela, revocó la decisión y ordenó la detención de la mencionada señora.

Y ¡oh sorpresa! Esa tutela no fue seleccionada por la Corte Constitucional, y sin rubor alguno, el magistrado Rojas interpuso un recurso de insistencia, para pedir que a la señora se le mantuviera el beneficio de la casa por cárcel, bajo el argumento de que, si era encarcelada, a sus hijos se les violaban los derechos y el principio de prevalencia del interés superior del menor. Por fortuna, el recurso no fue atendido. ¡Qué casualidades, doctor Rojas! Usted había salido de la Corte por una falta contra la ética durante su ejercicio profesional. Pero una tutela ante el Consejo de Estado ordenó su restitución al cargo, pese a que la ponencia inicial del Consejo conservaba su destitución. Y como faltaba el tercer Gran Tribunal, hace pocos días, dos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema están siendo investigados por vender, mediante tutelas, beneficios de casa por cárcel a peligrosos delincuentes. Es decir, el triángulo completo de la justicia vendiendo sentencias de tutela, so pretexto de violación de derechos fundamentales.

Es cierto que la mayoría de los magistrados y jueces son honestos, pero para uno como abogado, es imposible no dudar de la suerte de sus asuntos ante esas altas cortes. Es la institución en su totalidad la que injustamente está bajo sospecha. Socialmente hablando, se ha creado una presunción de corrupción generalizada de las cortes y de los tribunales imposible de atajar mientras los buenos magistrados no denuncien lo que saben, pero callan.      

Lo triste es que ya hemos conocido asuntos similares, como el del magistrado Pretelt, y otro en el que el entonces presidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, en un asunto mío, en cosa de pocas horas, frente a un proceso de acción popular, redactó un sesudo y profundo alegato, para pedir que se rescatara una tutela que no había sido seleccionada previamente. Y el mismo Montealegre, que hacía parte de la sala de selección de tutelas, resolvió en su favor su propio recurso y, como era de esperarse, el asunto fue rescatado del pozo del infierno.

Señores magistrados de la Corte, háganle un favor a la democracia: acaben con ese bazar en que hoy sigue convertida la selección de tutelas en la Corte Constitucional. Es allí donde algunos magistrados, exmagistrados y abogados inescrupulosos, acudiendo a la tutela, negocian la justicia y, de paso, legitiman moralmente a jueces inferiores corruptos para que precedan de igual forma. En el periódico El Tiempo del 28 de agosto (pág 4), se informa de una condena contra un juez que mediante tutelas desfalcó a Ecopetrol en 134.000 millones de pesos. Con el sacrilegio contra la tutela se acabó con el Estado de derecho. ¿Qué profesor sensato es capaz de abrir la boca para decirles a sus alumnos que la tutela y la Corte Constitucional son los garantes de los derechos fundamentales? 

Y lo más duro es que ni el Gobierno, ni los grandes medios, ni los parlamentarios, ni los líderes de la oposición dicen una palabra al respecto. La tutela actualmente es el cáncer de la democracia colombiana. El derecho de los jueces, con su creacionismo judicial ilimitado, acabó con el prevaricato y legitimó la delincuencia con toga. Hagamos lo que sea para que la tutela vuelva al sagrario que le corresponde.