El intercambio de información tributaria en la era de la fiscalización global

Adriana Zapata

Doctora en Derecho

Con gran despliegue, la Dian ha informado que el país fue certificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para el intercambio de información tributaria, lo que implicará recibir información sobre activos de ciudadanos colombianos poseídos en 106 países y suministrar la de activos de propiedad de extranjeros en el nuestro.

Para que este intercambio vaya a ser posible a partir de septiembre de este año, era importante que convergieran dos elementos sine qua non, con los cuales contó el país: una voluntad política para dar el paso y un marco normativo que lo permitiera.

Sobre el primer aspecto, Colombia tenía buenas razones para esta aspiración, pues el nivel de tributación interno es bajo y deja por fuera de la lupa de la Dian los activos poseídos en el exterior por colombianos. Por supuesto, la necesidad de recursos, las altas tasas de tributación efectiva sobre empresas que desincentivan las inversiones, el bajo empleo formal y las alarmantes estimaciones sobre los niveles de evasión forjan la voluntad política de cualquier Estado, imprescindible para comprometerse no solo en el ajuste del marco normativo, sino también para ofrecer su concurso a los fiscos de otras jurisdicciones.

Algo hay de tardíos arrepentimientos en todos estos movimientos de cooperación internacional. El origen de esta problemática está obviamente en la territorialidad de los impuestos y en las ventajas comparativas que en materia tributaria legítima y autónomamente fijan los Estados para atraer la inversión. Sin embargo, por décadas, pequeñas economías especializadas en servicios fueron más agresivas, al punto de banalizar los requisitos de permanencia o arraigo en el país para gozar de las bajas tasas de tributación. Esto aconteció ante los ojos impasibles de los gobiernos mundiales que debieron encajar el golpe del deslizamiento de sus grandes corporaciones para arroparse con otras banderas. Imposible dejar de mencionar que este fenómeno también se encuentra presente dentro de las economías más desarrolladas, lo cual podría explicar la lentitud del primer mundo en reaccionar. 

De cualquier manera, la inactividad parece ahora cosa del pasado. De tiempo atrás, organismos e instancias multilaterales han venido aplicando la política del “name and shame”, que en castellano equivale al señalamiento público de países no colaboradores. Mecanismo odioso, sin duda, pero altamente efectivo, pues el calificar una jurisdicción como opaca en unos casos, o impenetrable, en otros, e incluirla en una lista negra, tiene consecuencias en aspectos tan diversos como ayudas para el desarrollo, préstamos al país y apoyos para inversionistas foráneos.

En el caso específico del acuerdo en comentario, se trata de una iniciativa de la OMC, apoyada por la Ocde, es decir, apadrinada por dos de los más grandes actores de la arquitectura institucional global. El trabajo de estos gigantes se desarrolla en el marco del Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, del cual hacen parte 123 Estados. Al reconocer que no todos los países están en el mismo grado de avance, el foro plantea dos escenarios de intercambio informativo, siendo el de mayor nivel el automático (AEOI), y el regular, que se presenta previa petición (AOI). El alcance de los compromisos adquiridos se plasma en los términos de referencia y las metodologías aplicables a la evaluación a que se someten los Estados, a fin de acreditar que pueden ingresar a este club de cooperación y mantenerse en él. Es en este punto de la acreditación de requisitos donde aparece el segundo de los componentes del intercambio de información: los marcos normativo y de seguridad requeridos, que son, precisamente, los que Colombia viene de alcanzar.

Nuestra incursión en la Ocde viene de la mano de una modernización normativa, que nos lleva a adoptar estándares internacionales que dejan atrás el encasillamiento de la soberanía westfaliana y nos llevan a un mundo donde la cooperación es el nuevo paradigma.