La reducción de sueldos de altos funcionarios del Estado

Sergio Alejandro Rueda M.

Abogado y contador público

La creciente inconformidad ciudadana por la excesiva remuneración de los congresistas y demás empleados de alto rango de las tres ramas del Poder Público, respecto de los exiguos ingresos laborales del 95 % de los demás trabajadores del país, y de los pagados por el sector privado, se ha acrecentado con la sistemática corrupción que se viene dando desde hace varios años en la mayoría de entidades de la administración estatal, especialmente de la administración de justicia. Así, de la danza de miles de pesos en sobornos para aprobar nombramientos, contrataciones, reparto de trabajo interno, lobby para direccionar licitaciones, puertas giratorias, cenas y regalos ostentosos en busca de postulaciones de alto y mediano destino, se desbordó a los miles de millones de pesos que hoy deambulan jugosamente.

Esta realidad, que se  replica en los niveles territoriales, ha dado lugar a las 4.300.000 firmas de colombianos que solicitan la convocatoria de una consulta popular, que puede derivar en un referendo o en una asamblea constituyente según los artículos 3º y 8º de la Ley 134 de 1994, para que se reduzcan los salarios de quienes viven de los presupuestos públicos, con el fin de tener un menor costo de funcionamiento que permita, a su vez, aumentar los recursos para la decadente salud pública, ampliar la cobertura de la educación, garantizar el incremento de las menguadas pensiones y generar una mayor equidad en la sociedad.

Gracias a esa cantidad de votos, los colombianos tenemos la feliz ocasión de hacer valer el poder decisorio del constituyente primario, por lo cual la consulta o el referendo no solo resultan procedentes y necesarios, sino que, además, lograrían enrumbar la función pública sobre linderos de trasparencia, moralidad y honradez que tanto nos inculcaron nuestros padres y docentes. Hoy, nos cuestionamos si sería equivocada la estricta formación que recibimos 40 años atrás, frente a la actuación de quienes dirigen el Estado, a pesar de las prohibiciones de las leyes 734 del 2002 y 1474 del 2011.     

Es bien conocido que los rubros de inversión y desarrollo se han aminorado en los presupuestos nacional, territorial y local. Por tanto, no alcanza el dinero recaudado para ejecutar obras, ni siquiera para reparar oportunamente las vías, mantener la limpieza y el ornato de las urbes, mientras que los servidores del nivel directivo aspiran a devengar grandes sueldos que obligan al incremento de los impuestos, tasas y contribuciones que afligen al común de la ciudadanía y afectan la viabilidad macroeconómica del Estado. Es necesario, entonces, no solo la disminución señalada, sino también el pronunciamiento de la sociedad, que se encuentra asombrada con la ilimitada ambición de muchos de quienes han ocupado altos cargos públicos durante los últimos 20 años, los cuales deberían retirarse para dar paso a nuevos liderazgos transparentes, honrados y creíbles.