Análisis: Prevención del fraude, corrupción y “cantaleta”

Mauricio Pava Lugo

Conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

La implementación de programas de compliance en sistemas proactivos, reactivos y preventivos para la adecuada gestión del riesgo plantea uno de sus principales retos en el segmento preventivo, que es aquel que se ocupa de la creación de una cultura de compliance dentro de las organizaciones, que marque su comportamiento e impronta en la gestión de los negocios, lo cual supone la institucionalización e internalización de las “buenas practicas” en las que se funda la cultura de la legalidad empresarial.

En consecuencia, esto demanda la necesidad de utilizar instrumentos como capacitaciones, campañas y pactos que divulguen y evidencien su utilidad. Se trata del equivalente en las organizaciones a la “cantaleta familiar”, de la que huimos desde la infancia y practicamos, sin reconocerlo, en la madurez.

 

La cantaleta, definida como advertencia que hace fastidiar o molestar, así como los “pactos por la transparencia”, las campañas de “buenas prácticas” y la necesidad de mantener un plan de formación, sensibilización y reiteración en “comportamiento” ético no son reconocidos e incluso se pone en duda su utilidad, en la medida en que el liderazgo de grandes compañías con potentes programas de compliance y entidades encargadas de perseguir la corrupción hoy son objeto de cuestionamientos, precisamente, por el fenómeno cuyo objetivo debían prevenir o combatir.

 

Por estas razones, cabe preguntarse: ¿han servido las “campañas por la transparencia”? o ¿es útil la “cantaleta” en nuestra formación? La respuesta a las dos preguntas es positiva, porque, seguramente, sin estas, la situación sería aún más grave y se cruzarían las líneas morales con menor dificultad, por lo que habrá de persistir en una y otra, ya que la promoción de una cultura de legalidad es el primer paso para combatir la corrupción, para prevenir el fraude y para poner las cosas en su lugar.

 

En este punto, vale la pena mirarnos a nosotros mismos y echar “cantaleta” acerca del notorio deterioro de las prácticas litigiosas, la improbidad del comportamiento de funcionarios judiciales en relación con sus deberes y el auspicio o el silencio complaciente, en el mejor de los casos, de la sociedad civil, que busca resolver sus conflictos judiciales “favorablemente” a partir de la implantación de la cultura del “no importa cómo” que encuentra una de sus peores evidencias en el aplauso y reconocimiento social y profesional a quien obtiene “éxito y resultados” por parte de sus superiores, colegas, formadores de opinión, líderes y medios de comunicación y la sociedad en general.

 

Pactos de transparencia

 

La crisis institucional como la que hoy atraviesa el país en todos sus niveles requiere que asumamos la responsabilidad de buscar caminos en procura de una solución que no vendrá de la noche a la mañana, ni es una sola. 

 

Será la suma de esfuerzos, compromisos y medidas a nivel social, empresarial e institucional y, sobre todo, que cada quien, desde su rol, se imponga comportamientos alineados con la legalidad y la transparencia bajo esquemas de coherencia e integridad que persistan en el tiempo, lo que permitirá que las próximas generaciones reciban una administración de justicia confiable, honesta y eficaz.

 

Con este panorama es necesario internalizar, institucionalizar y promover la cultura del ejemplo y la adopción y réplica de buenas prácticas que premien la integridad del “método” por encima del “resultado”; que rechace el “atajo”, la “vuelta”. Se trata de reconocer la probidad en el método y censurar al “habilidoso”, de rechazar el silencio con las prácticas oscuras, y la complacencia con las prácticas pardas, para lo cual resulta indispensable la implantación de verdaderos sistemas de detección, investigación y reacción y el fortalecimiento de los ya existentes. Que la industria de servicios legales sepa lo “caro” que, en términos de consecuencias de rechazo social, incluso de mercados, resulta el doblar la ley, el cruzar las líneas morales de conducta, en síntesis, que la reputación se convierta en el bien más preciado de la profesión. 

 

En el 2003, el Gobierno Nacional puso en marcha un programa para prevenir la corrupción con la ayuda de la sociedad civil, que basado en la firma de pactos de transparencia buscaba la reducción de la corrupción, que, en aquel entonces, ligaban exclusivamente a servidores públicos y contratistas del Estado.

 

Por supuesto, el deterioro y actual “estado de las cosas” podría concluir, insisto, en la inutilidad de las medidas adoptadas, pero el comportamiento del lado incorrecto de la ética de algunos no prueba su inutilidad, más bien lo que pone en evidencia es la necesidad de fortalecerlas y ponerlas en práctica, ya no solo a nivel de instituciones públicas y aquellos que contratan con el Estado, sino de convertirlas en la regla a todos los niveles: empresarial, gremial, institucional y social.

 

Buenas prácticas

 

En ese contexto, los pactos por la transparencia y la identificación y réplica de las buenas prácticas pondrán los reflectores en el lugar adecuado e indicarán a quienes se comportan fieles a las reglas de decencia que su hacer es legítimo, y a quienes lo hacen del otro lado de la ley, que operan por las “alcantarillas” de la profesión. Es claro que un modelo de excesiva discrecionalidad en la justicia propicia prácticas oscuras o sombrías cuando menos, que promueven el uso de atajos para la obtención de derechos y para la resolución de conflictos.

 

El camino bien andado, el trabajo profundo y difícil se ignora, es invisible, cede, dando paso a la “compraventa” de conciencias, al mercadeo de decisiones, al “tráfico de influencias” y, en consecuencia, enfrentamos la sensación de no estar ante “procesos”, sino en “subastas”. Ya no existen abogados, sino “postores y cuando menos relacionistas”, no existen litigios, sino “negocios”. Esta situación implica la necesidad de volver a divulgar y propagar las buenas prácticas: “retornar al abogado, abandonar al cabildero”.

 

En España, Transparencia Internacional España y el Consejo General de Abogacía se comprometieron, en el 2003, en un convenio para hacerle frente a esta problemática, que condujo a la promulgación de la Ley 19 del 2003, también llamada Ley de Transparencia.

 

En Colombia, antes de llegar a formular una ley que, en nuestro contexto, ha demostrado no ser el mecanismo más eficaz en esta búsqueda, en la medida en que se agota en el discurso, deberíamos empezar por realizar un pacto que esté fundado en bases e instrumentos que superen la retórica, como los siguientes:

 

- Diseño de programas de transparencia con objetivos específicos. Con un cronograma realista. Logros a corto y largo plazo e indicadores de éxito, para “poner las cosas en su lugar”.

 

- Campañas de internalización e institucionalización a nivel institucional y empresarial. Con el acompañamiento de los denominados formadores de opinión, que impliquen un plan permanente de difusión de buenas prácticas, para “mantener las cosas en su lugar”.

 

- Identificación de buenas prácticas. Ello a través de instrumentos que permitan resolver estos interrogantes: ¿Qué son buenas prácticas? ¿Qué son malas prácticas? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo combatimos la metástasis? ¿Cómo anticipamos su irrigación? ¿Cómo actualizamos el mapa de riesgos?

 

Esto se puede realizar a través de foros, para que los abogados puedan compartir experiencias en el manejo de la corrupción en sitios web dedicados a la estrategia de la lucha contra la corrupción, de tal forma que los conceptos de autorregulación regulada migren a la industria de servicios legales.

 

- Un compromiso real que se traduzca en persistencia e integridad. Este será, al final, el que demuestre a las próximas generaciones que hacer las cosas bien, paga.

 

Todas estas acciones permitirán retroalimentar a las entidades de educación superior en cuanto a las realidades materiales que nos gobiernan. Tenemos mucho camino por recorrer, pues la prevención del fraude y de la corrupción es responsabilidad de todos. La necesidad del resultado sin importar el cómo, los silencios, las miradas al lado y la indiferencia, la patrocinan. Retomemos el camino. Suscribamos, divulguemos y premiemos el compromiso con la transparencia, eduquemos a la “sociedad civil” en la decencia del “camino” en la búsqueda del resultado, proscribamos “el todo vale”. ¡Abogados, “echemos cantaleta”, hagamos un pacto, seamos transparentes, exijamos transparencia!