Columnistas
El descontrol del control tributario
Juan Camilo Serrano Valenzuela
Abogado y asesor tributario
La importancia de las acciones de control tributario es innegable en cualquier nación organizada, máxime si la sociedad exige el adecuado pago de los impuestos por parte de los contribuyentes a quienes la Constitución y la ley ha impuesto la ingrata, pero necesaria carga de contribuir con los gastos del Estado y la inversión social.
Es igualmente claro que cuando se detectan mecanismos de evasión y elusión fiscal, corresponde a las autoridades administrativas realizar las acciones que la ley permite para dar una lucha desigual, pero irrenunciable, cual es la disminución de estos fenómenos, acudiendo a facultades amplias de investigación, control y cobro de las obligaciones debidas, con o sin el beneplácito de evasores y defraudadores del fisco.
Sin embargo, una cosa es la lucha contra la evasión y otra bien distinta es la realización de acciones de aparente control, que garantizan, incluso, el recaudo tributario, con muy precarios resultados en la verdadera disminución de las conductas fraudulentas que buscan, con métodos “sofisticados”, en ocasiones, y burdos, en otras.
Hemos venido insistiendo en la necesidad de garantizar acciones legítimas, justas, de buena fe por parte de las autoridades tributarias, para mejorar las condiciones de la tributación adecuada, es decir la que la ley indica, porque solo así el Estado obtendrá los resultados ciertos de reducción de la evasión tributaria, y no solamente informaciones genéricas sobre el incremento de recaudos por gestión, que en muchas ocasiones contribuyen más a evidenciar que las conductas fraudulentas, al final, sí pagan.
Decía Nicolás Maquiavelo, filósofo y político de los siglos XV y XVI, que “de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos”, como una estrategia para la conservación del poder o del prestigio, o para ocultar las falencias e incapacidades para aplicar adecuada y justamente la ley.
Las acciones fiscalizadoras parecen cada vez más orientadas por el pensamiento del ilustre filósofo del siglo XVI, cuando poco interesan las conductas ilegales, frente a la necesidad imperiosa de obtener recaudos tributarios a lo que dé lugar, sobreponiendo los fines recaudatorios a los medios para obtenerlos, haciendo válidas las muy sonadas frases mediáticas de los últimos tiempos en nuestra sociedad de que “ser pillo paga”.
En efecto, el pillo evasor que toma precauciones para evitar el pago de sus impuestos no es perseguido, y se victimiza a quienes no cuentan con las sofisticadas estructuras creadas para evadir, pero mantienen sus actividades y recursos a la vista de las autoridades que, por más fácil, acuden a las amplias facultades que la ley les otorga, para conseguir recursos sin importar la contribución que hacen para disminuir y castigar conductas ilegales evasoras.
La sociedad colombiana merece y exige mayor severidad en el control tributario, para lograr una tributación más justa, pero aterran las acciones administrativas que persiguen con mucho interés el recaudo y con gran desprecio la verdadera lucha contra la evasión, detectando a quienes establecen mecanismos para disminuir injusta e ilegalmente su tributación, frente a la indiferente mirada de las autoridades.
Cuándo será que se endilgue responsabilidad a la administración y a sus funcionarios por actuaciones arbitrarias contra contribuyentes que, inermes, solo pueden acudir a la resignación por la inseguridad en el rigor jurídico de las autoridades administrativas y judiciales, o en el mejor de los casos, someterse a procesos interminables en defensa de sus más elementales derechos económicos en cortes y tribunales que, también en estas materias, evidencian el más grave de los flagelos de nuestra sociedad, cual es la ausencia de pronta y adecuada justicia.
Es necesario que los organismos de control fijen su mirada en la defensa de la sociedad, pues son tan ilegítimas las conductas que buscan un reducido pago de impuestos por parte de contribuyentes evasores, como la pretensión de exigir a los contribuyentes más de aquello que la ley ha determinado como su contribución correcta para sufragar las cargas públicas, injustamente impuesta por funcionarios y autoridades que ocultan los hechos con estadísticas y resultados recaudatorios.
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