Columnistas
La hora de jugar limpio
Juan Camilo Serrano Valenzuela
Abogado y asesor tributario
¡Juéguele limpio a Colombia!, ha sido el mensaje a través del cual el Gobierno Nacional y la Dian han venido incentivando la normalización de los activos que muchos colombianos, y durante varios años, han ocultado por diversas razones, de las autoridades tributarias del país.
Muchos lo habían hecho por razones de seguridad, frente al riesgo que se corría, y aún se corre, debido a la fuga de información y el conocimiento de patrimonios importantes por parte de bandas criminales y grupos armados insurgentes que se financian con el narcotráfico, el secuestro o la extorsión, lo que implica una seria amenaza para la seguridad personal y familiar.
Otros mantienen sus ahorros en el exterior, por la incertidumbre frente a un futuro incierto, motivado por posiciones sospechosas de líderes y dirigentes políticos, dispuestos a promover cambios en la estructura económica del país, que genera gran desconfianza en un futuro estable, acompañados de quienes pronostican apocalípticos resultados de un proceso de reconciliación que “venezolanizará” nuestra economía, por lo que buscan un seguro en el exterior, con ahorros ocultos, aunque estos sean bien habidos.
Sea cual fuere la causa del ocultamiento de bienes, principalmente en el exterior, la campaña intimidatoria, aunque justa de la administración tributaria, ha sido efectiva y ha generado muy buenos resultados, pues se han normalizado activos en cifras bastante más altas que las esperadas por el mismo Gobierno, incrementando los recaudos y el control oficial a los capitales que hasta hace muy poco permanecían ocultos.
Aparentemente, muy buena parte de los contribuyentes han optado por regularizar tributariamente su situación patrimonial, a un alto costo, pues no es despreciable el 13 % del valor de los patrimonios legítimos obtenidos durante muchos años, y sobre los que, en buena medida, se pagaron los impuestos debidos sobre la renta en el periodo en el que se obtuvieron.
Viene ahora la segunda parte del proceso del juego limpio, al que ya se acogieron los contribuyentes que normalizaron, incentivados por una campaña con ese importante mensaje ético frente al Estado, con quien todos tenemos responsabilidad y obligación. Corresponde ahora a las autoridades el juego limpio.
La credibilidad de los ciudadanos está en manos de la administración, que debe comprometerse a jugar limpio, acoger la buena voluntad de quienes normalizaron sus activos, y buscar a quienes no lo hicieron, iniciando serias y rigurosas investigaciones, respetando el proceso debido, la lealtad en el manejo de la información, la ética administrativa, y utilizando las facultades amplias de fiscalización contra quienes no aceptaron la invitación y no normalizaron.
Mal haría la administración en ensañarse con quienes entregaron su información y confesaron ante las autoridades sus pecados, con el 13 % de penitencia para obtener su absolución.
Desafortunadamente, es previsible que las autoridades inicien su acción fiscalizadora requiriendo a quienes se normalizaron, dejando indemnes a los que no lo hicieron, ya que históricamente la administración adelanta sus programas fiscalizadores acudiendo a fáciles procesos de recaudación, intimidando a quienes ya demostraron su intención de buscar tranquilidad fiscal sin importar el costo, abandonando a quienes no normalizaron, pues frente a ellos resulta difícil el recaudo.
Es el Estado quien tiene la mayor responsabilidad del juego limpio, no solo por ser la justificación de la campaña de normalización, sino porque la ética del Estado no debe estar jamás en discusión, independientemente de la de sus funcionarios, quienes, prevemos, establecerán políticas y programas que, por más fáciles, pueden no resultar justos y equilibrados, contra los principios básicos de la acción del Estado.
El juego limpio se constituye en un imperativo ético, el esfuerzo administrativo por obtener resultados debe apuntar a quienes no aceptaron el juego limpio y se negaron a normalizar, y no acudir a la búsqueda voraz del recaudo, en detrimento de la justicia tributaria y la ética administrativa, que impone el respeto por la ley que otorgó absolución por los pecados cometidos, confesados y previo pago de una costosa penitencia.
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