Una providencia enfatiza que toda persona tiene el deber de colaborar con el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en virtud de lo establecido en la Carta Política.
El Ministerio del Trabajo propone cambios para adaptar la causal de pérdida del subsidio a la nueva periodicidad de pago y para brindar mayor garantía a los beneficiarios del programa.
Este pronunciamiento se dio al estudiar un demanda contra la resolución que autorizó prestar el servicio de transporte en una ruta que además pasaba por otros tres municipios.
Fueron amparados varios derechos fundamentales de un ciudadano en situación de discapacidad y con pérdida de la capacidad laboral del 82,12 %, a quien Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Dos de las causas más destacadas de la congestión se derivan de la tendencia a judicializar todos los conflictos y del uso excesivo de acciones populares y de tutelas.
Andrés Mesa Valencia, litigante, catedrático universitario en Derecho Administrativo y experto en el principio de la buena fe aplicado en casos de ventas informales.
Si ese requisito de procedibilidad no ha servido para disminuir la litigiosidad y debe derogarse, es asunto que compete al legislador, no a los jueces.
Si nos atenemos al tenor de la ley, resulta apropiado a los independientes el despido de sus trabajadores, pues, de no hacerlo, les es prohibido gozar de la exención del 25 % de su ingreso.
Colombia Compra Eficiente publicará los documentos tipo para recibir observaciones durante 15 días calendario, para implementarlos desde el 1º de abril del 2019.
El Juzgado 39 Administrativo de Bogotá estudió la acción popular interpuesta por un ciudadano contra varios ministerios y empresas dedicadas a la extracción de asbesto, por vulnerar derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico.
Se trata de un proyecto de decreto presentado por Mintrabajo, allí propone el desarrollo de proyectos institucionales preventivos del consumo, abuso y adicción, que tendrían que adelantar empleadores y contratantes en el entorno laboral.
La Corte Constitucional abrió nuevamente el debate, pero ahora desde la perspectiva de las redes sociales. Este es el panorama frente a una eventual regulación y sus incidencias sobre las garantías de libertad en internet.
Esta forma de contratación estatal mantiene su esencia si se garantiza plenamente la autonomía y liberalidad en la ejecución del objeto contractual, lo contrario abre paso al análisis del fenómeno de contrato realidad.
La Corte Suprema de Justicia consideró que en un proceso penal en el que se condenó a un secretario de planeación y obras públicas por este delito se violó el principio de congruencia.
La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que está preparando un paquete de proyectos legislativos para modificar estos códigos y fortalecer la función de unificación del Consejo de Estado.
El Consejo de Estado recordó que las detenciones preventivas en establecimiento de reclusión o en la residencia constituyen medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía por no brindar medidas de protección a una lideresa social que luego fue asesinada.
El Procurador General indicó que objetar la iniciativa, luego de revisada por la Corte Constitucional, podría generar un riesgo para la seguridad jurídica.
La potestad sancionadora de la administración, por importante que sea el bien jurídico tutelado, debe respetar el debido proceso constitucional y convencional.
La Sección Primera recuerda que la publicación del acto no es un requisito para su validez y, por lo tanto, lo que se afecta es la eficacia del mismo, es decir, lo hace inoponible frente a terceros.
La connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción, recuerda el fallo.
Tomémonos en serio la jurisprudencia, pero no para creer a pie juntillas que cualquier palabra pronunciada en un juzgado o tribunal es verdad revelada, sino justamente para lo contrario.
La Corte Constitucional tuteló el derecho fundamental a la libertad religiosa de una participante de un concurso de méritos, en vista de que la CNSC no reprogramó su prueba sicotécnica por las razones personales aducidas por ella.
El Fiscal General envió una carta al presidente Duque donde le expresó preocupaciones sobre ciertas disposiciones del proyecto de ley estatutaria, relacionadas con el régimen aplicable a los delitos de ejecución permanente y el deber de no repetición por parte de los desmovilizados.
Consultamos el Código de Policía, a un especialista y la jurisprudencial actual en la materia con el fin de despejar varias dudas respecto a este particular episodio que incendió las redes sociales el fin de semana.
Las entidades deben diseñar un plan anual de vacantes, actualizar los manuales de funciones y competencias laborales y priorizar recursos para la realización de los concursos, entre otros.
En la Ley 1448 del 2011 se delimitan los beneficiarios de los programas y medidas de protección creados en favor de las personas afectadas por el conflicto armado.
La Sala Penal estudia el caso de una empleada que está en embarazo y fue declarada insubsistente por una jueza, quien argumentó que ella no cumple con los requisitos para el cargo.
La Sección Segunda del Consejo de Estado levantó la suspensión provisional de varias convocatorias para cargos en el DANE y negó la nulidad de dichos actos administrativos. Piden aplicar lo mismo para otras convocatorias.
La Sección Quinta explicó las deficiencias en el cálculo del término de caducidad de la nulidad electoral, lo que no implica que los hechos sobrevinientes denunciados por los accionantes no puedan ser estudiados por otra corporación.
La Sección Segunda estudió el caso del exrector de la Universidad Surcolombiana, quien celebró convenios interadministrativos para mejorar la gestión de la universidad e incluyó un carro blindado para él en dicho contrato, por lo que fue sancionado.
Las disposiciones demandadas reglamentaban los usos del suelo, función propia de los concejos municipales. Sin embargo, estos concejos pueden facultar pro tempore a los alcaldes para ello.
Reciente concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública indicó, además, que el empleado que se encuentre en licencia no pierde la calidad de servidor público.
Se tramita un proyecto de ley que pretende adoptar de normas que regulen el buen uso y funcionamiento de las plataformas digitales. Encuentre, además, un resumen de la jurisprudencia constitucional más relevante en la materia.
Mediante un comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó que los incisos primero y segundo del artículo 3º de la Ley 1848 del 2017 se declararon inexequibles.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de algunas expresiones de la Resolución 29 del 2016 de la Dian, por ser confiscatorias y contrarias a la equidad tributaria.
Un constante intercambio de trinos ha permitido evidenciar que el proyecto de ley estatutaria no ha salido del Congreso y que ahora, al parecer, tiene algunas omisiones en su transcripción.