Una providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisa que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza ocupada, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada. Ello si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, “el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad o de las exógenas cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales”, concluyó la Sala (M. P. Sandra Lisset Ibarra).