La Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que no solo los gastos que directamente se asocian a la actividad médica están protegidos por la regla de destinación específica, sino todos los indirectos (operativos, de funcionamiento, entre otros); por ende, estos no pueden ser hechos generadores de gravámenes tributarios. Por lo anterior, las estampillas pro desarrollo departamental y pro hospitales no pueden establecerse respecto de dineros del sistema de salud con destinación específica. En ese orden, la Sala aclaró la sentencia de instancia bajo el entendido de que lo que se declara es la nulidad parcial, la cual recae sobre la inclusión de operaciones, convenios y contratos realizados por las empresas sociales del Estado (ESE) con dineros de la salud, contenidos en el literal a) del artículo 3° de las ordenanzas 12 del 2009 y el artículo 10 de la ordenanza 11 del 2007 de la Asamblea de Risaralda. El consejero Alberto Yepes salvó el voto (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).