La Sección Tercera del Consejo de Estado estudió la demanda de reparación directa presentada por el exalcalde de Piedecuesta (Santander), quien estuvo detenido entre el 2004 y el 2006 por estar sindicado del delito de rebelión, acusación de la que posteriormente fue absuelto por no haber cometido dicha conducta. Al resolver, la corporación declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General, como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó dentro del proceso penal. Lo anterior en vista de que no se acreditó que el sindicado hubiere dado lugar, con su conducta, a la privación de la libertad. No se condenó a la Rama Judicial porque justamente fue el juez penal de instancia el que determinó que no existían pruebas que determinaran la responsabilidad del procesado y restituyó su libertad, siendo error exclusivo de la Fiscalía (C. P. María Adriana Marín).