La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación - Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos ocasionados con la muerte de una lideresa social de Ciénaga (Magdalena) en el año 2005. Los hechos se circunscriben al año 2002, donde la víctima solicitó su inclusión en el programa de protección a personas en situación de riesgo, debido a las amenazas de muerte que estaba recibiendo a causa de la actividad social que realizaba en la asociación Asodemag. Dicha protección fue negada. Por estas razones se condenó a las entidades referidas por falla del servicio, ya que hicieron caso omiso a las solicitudes de protección, hecho por el cual la víctima no tuvo la oportunidad de proteger su vida. La corporación concluyó con un exhorto al ente acusador para que lo analizado en esta sentencia sea tenido en cuenta para abrir una nueva investigación penal, en razón de las posibles infracciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (C. P. Ramiro Pazos Guerrero).