El nivel de educación superior al que se refiere la causal de aplazamiento del servicio militar no se limita a las carreras profesionales universitarias.
La elección de funcionarios atribuida a corporaciones deberá estar precedida de una convocatoria pública, bajo principios de transparencia, publicidad, participación y equidad de género.
La rigurosidad de la disciplina castrense no sirve de excusa para ejercer la potestad disciplinaria de manera arbitraria, advirtió el Consejo de Estado.
Dos años después del fallo de la Haya, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que ya ha dado instrucciones para dar “los primeros pasos en esa dirección”.
Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria que conozcan de las conductas de los miembros de la fuerza pública deberán tener formación adecuada en DIH.
El acto administrativo indica que esta nueva prórroga tiene en cuenta la disponibilidad de los $ 500.00 millones que el Gobierno se comprometió a aportar para el 2015.
De acuerdo con el funcionario, en el caso de los desmovilizados que sean seleccionados y condenados, su participación en política estará supeditada al cumplimiento de la condena.
La iniciativa dejaba en cabeza del Estado la obligación de respetar el ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación para todas las personas.
Alemania ha acogido su pasado hanseático y comercial, dejando atrás los cascos militares prusianos (Pickelhaube) y las ansias por expandir su Lebensraum.
Las altas magistraturas del Estado deben contar con los mejores ciudadanos y los profesionales más calificados, afirma este magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con el proyecto, quienes publiciten cualquier documento o información que persiga o facilite prácticas sexuales antinaturales serán sancionados penalmente.
Esa es la pulsión mortal del proceso de paz, que indulta y amnistía, sin indemnizar, sin justicia integral, ni verdad para las víctimas de las guerrillas.
Desde las particularidades y experiencias de las realidades latinoamericanas, Víctor Bazán (Argentina), Gilbert Armijo (Costa Rica) y Claudio Nash (Chile) dan continuidad a sus reflexiones sobre la justificación y contenido de estas sentencias.
Las restricciones a la competencia para elegir previstas en el artículo 126 de la Constitución no se limitan a los vínculos de consanguinidad, maritales o de unión permanente.
El estudio del desplazamiento debe hacerse bajo la óptica de la falla del servicio, bien sea por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales.
Tanto el encargo como la comisión son situaciones administrativas regladas, que no fueron previstas por el legislador para la provisión de empleos temporales.
La entidad solicitó condicionar la presentación del recurso de insistencia, a que se entienda que también puede ser presentado por quienes fueron parte en el proceso original.
Cuando el juez advierte que el acto resarcitorio es infundado y se ha utilizado para conspirar un montaje, el juez queda legitimado para no aceptarlo y proseguir la actuación.
El Estado no puede continuar dándoles la misma respuesta a las personas que padecen de infertilidad, pues el sistema de seguridad social en salud debe ser progresivo.
Corresponde al empleador realizar las modificaciones necesarias en la planta de personal y el contrato de trabajo, para que al trabajador incapacitado no se le afecte su mínimo vital.
La Convención Americana no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte de ella se desvincule de la competencia de la Corte IDH.
El tratamiento menos gravoso para estas conductas hace pensar que se le da menor valor a la vida de los niños nacidos en estas condiciones, afirmaba la demanda.
El tratamiento menos gravoso para estas conductas hace pensar que se le da menor valor a la vida de los niños nacidos en estas condiciones, afirmaba la demanda.
La Corte Constitucional ya había declarado exequible el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, que excluía a estos aspirantes de la posibilidad de concursar.
A su juicio, no es suficiente superar las pruebas relativas al mérito, sino que, además, es preciso cumplir otras condiciones de carácter personal o social.
La propuesta incluye la figura del “terrorista solitario”, con la que se prescinde de la norma actual que obliga a la fiscalía a demostrar la pertenencia de un sospechoso a una asociación ilegal.
El fallo ampara con efectos inter comunis los derechos fundamentales de las comunidades que fueron excluidas por no contar con un territorio colectivo adjudicado.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-262 del 2013, señaló que los recursos para gastos de administración pueden usarse para adquirir activos fijos.
La Procuraduría le había pidió a la Corte Constitucional que exhortara al Congreso a actualizar la legislación laboral que les impide a los trabajadores del sector entrar en huelga.
La consulta es obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar específica y directamente a los pueblos indígenas y tribales.
Solo cuando las condenas tocan a personas de cierta notoriedad o pertenecen a determinados círculos sociales, entonces sí se activan alarmas que han debido sonar desde el principio.