El Gobierno acaba de expedir el Decreto 2333 del 2014, que establece mecanismos para lograr la efectiva protección y seguridad jurídica de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente por los pueblos indígenas.

Según la norma, el Ministerio de Agricultura deberá crear, en un plazo de seis meses, un sistema de coordinación interinstitucional encaminado a unificar la información predial de dichos territorios.

Por otra parte, el decreto regula el procedimiento para adelantar tal protección, el cual podrá iniciarse de oficio por el Incoder o a petición del Ministerio del Interior, otra entidad pública, la comunidad interesada o una organización indígena.

Cabe resaltar que el Incoder podrá revocar directamente y en cualquier tiempo las resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén establecidas comunidades indígenas, cuando hayan sido proferidas ilegalmente. Así mismo, en ese caso, la adjudicación de baldíos solo podrá hacerse, para constituir y ampliar resguardos.

Por último, la normativa señala que su implementación será gradual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

(Minagricultura, D. 2333, nov. 19/14)