Primera sentencia priorizada de Justicia y Paz condena a 12 excomandantes de AUC

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá inició ayer la lectura de sentencia en contra de 12 excomandantes de los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Sala de Conocimiento se pronunciará sobre la estructura de patrones macro criminales a los que se pudieron adecuar las acciones desplegadas por los postulados en su condición de comandantes y determinará si los mismos corresponden a graves, sistemáticas y generalizadas violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al derecho fundamental a la dignidad humana.

Los postulados condenados son Salvatore Mancuso Gómez, alias Mono Mancuso; Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano; Uber Enrique Banquez Martínez, alias Juancho Dique; Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio; José Bernardo Lozada Artuz; José Gregorio Mangones Lugo; Leonardo Enrique Sánchez Barbosa; Sergio Manuel Córdoba Ávila; Miguel Ramón Posada Castillo; Julio Manuel Argumedo García; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez y Oscar José Ospino Pacheco.

La primera macro sentencia, que hace parte del plan de priorización de la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los máximos responsables de las AUC, analizará además 1.426 hechos delictivos que involucran 175 casos de violencia basada en género, 609 de desaparición forzada, 405 de desplazamiento forzado, 149 de reclutamiento ilícito y 87 casos de homicidio, que abarcaron la comisión de más de 5.175 conductas punibles.

Así mismo,  la Sala de Justicia y Paz se pronunciará respecto a las pretensiones de reparación formuladas en favor de aproximadamente 9.500 víctimas, que fueron escuchadas en San José de Cúcuta (Norte de Santander) y en Cartagena (Bolívar), durante el trámite del incidente de reparación integral.

Por videoconferencia, los postulados asistirán a la diligencia desde las cárceles de Warfaw, Virginia (EE.UU), Modelo de Barranquilla (Atlántico), Montería (Córdoba), Modelo de Itagüí (Antioquia) y el Complejo Metropolitano de Bogotá.

Vale la pena recordar que, hace dos años, la Fiscalía presentó su esquema de priorización de casos para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estructuras organizadas de poder.

El organismo aseguró que las conductas delictivas se podrán investigar, no como hechos aislados e inconexos, sino como el resultado del accionar de organizaciones en un determinado contexto.

Según la entidad,  el esquema de priorización de casos imputará cargos por 11.000 graves violaciones a los derechos humanos a 231 vinculados de las FARC y las AUC, algunos de ellos considerados como los máximos responsables de estos delitos.