La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, firmado en Valencia (Venezuela), para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (Ley 1693 del 2013). El concepto destaca la profundización de la integración regional y la promoción del equilibrio de las condiciones sociales presentes en los países firmantes que promueve el acuerdo. A su juicio, la escogencia de Quito (Ecuador) como sede para la discusión de derechos de los trabajadores que son materia del convenio y los temas propios de él no exceden límites constitucionales. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Mauricio González.