Hermens Darío Lara: “Hay que actualizar el funcionamiento del servicio de justicia”

Por el despacho del magistrado Hermens Darío Lara, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, han pasado casos de gran importancia para el país, como el juzgamiento del coronel Alfonso Plazas Vega, por los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos hace 29 años.

Hoy, Lara preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, un organismo que pretende aglutinar a dicho funcionarios de todo el país en busca de la independencia, autonomía, dignidad e integridad de la Rama Judicial.

 

ÁMBITO JURÍDICO: En su opinión, ¿cuáles son los principales males que aquejan a la justicia y que deben ser atacados en una futura reforma judicial?

 

Hermens Darío Lara: Varios son los ámbitos de reforma: el constitucional, el legal y el reglamentario. En el primero, se hace necesaria la implementación de la segunda instancia de aforados; establecer cambios en el origen y forma de designación de los integrantes de las altas cortes; introducir un valor porcentual del producto interno bruto (PIB) como marco referencial de financiamiento de la Rama Judicial desde la perspectiva dinámica de los cambios legislativos y del servicio de justicia; establecer una obligación legislativa en las funciones del Congreso, en el sentido que, cuando se trate de promulgar leyes que afecten la justicia, su estructura y funcionamiento, debe haber un estudio paralelo de factibilidad, financiación y estrategia, para su implementación.

 

Á. J.: ¿Y qué cambios se requieren desde lo legal?

 

H. D. L.: En general, desde lo legal, es necesario actualizar el funcionamiento del servicio de justicia, reformando la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por ejemplo, para introducir la participación de los usuarios (abogados, asociaciones ciudadanas, etc.) en el diagnóstico y solución de diferentes problemas que afectan la prestación del servicio, desde los ámbitos nacional, departamental y municipal. También es necesario un cambio en el gobierno de la Rama Judicial, para darle cabida a la participación de los empleados, jueces y magistrados en temas como la calificación de servicios, administración de la carrera judicial, por medio de la implementación de una comisión de carrera o de administración de personal, entre otros.

 

Y desde lo reglamentario, con el diagnóstico que arroje dicho proceso, se deben implementar los reglamentos necesarios para reordenar, reorganizar y reestructurar lo que sea necesario en la rama, para poder prestar un óptimo servicio, digno de un Estado social y democrático de derecho.

 

Á. J.: ¿Cómo lograr una administración de justicia con independencia presupuestal?

 

H. D. L.: El presupuesto es uno de los factores de la autonomía administrativa, y solamente se puede lograr si se establece una verdadera independencia en lo presupuestal en la Carta Política, como se ha venido pidiendo en las diferentes reformas judiciales. No puede ser que, por ejemplo, se deba “rogar” al Gobierno y al Congreso los dineros necesarios para su funcionamiento, los cuales, además de ser insuficientes, pues siempre se recortan por el Ejecutivo, se entregan a “cuenta gotas”, dependiendo del querer del Gobierno de turno. En ese sentido, debe crearse un mecanismo de orden constitucional para que un porcentaje del PIB sea el mínimo que debe recibir la Rama Judicial para la prestación del servicio de justicia. También es necesario, como ya se mencionó, una reglamentación legislativa para que cualquier proyecto de ley que toque la estructura funcional de la Rama o, por ejemplo, cree nuevos sistemas, modos o formas de atender la demanda de justicia, deba tener un soporte financiero, presupuestal, de factibilidad, de planeación, entre otros, para que las leyes en realidad sean lo que proyecta el legislador.

 

Á. J.: En términos generales, ¿cuáles son los temas relacionados con la justicia que más le preocupan del Proyecto de Ley de Equilibrio de Poderes?

 

H. D. L.: La autonomía e independencia de la Rama Judicial, consagradas como principios en la Carta Política. Por ello, sería un retroceso la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que, de un órgano autónomo de administración, se pasa a una estructura que termina siendo dependiente del Ejecutivo, con lo que se alcanzarían algunos de los cometidos de quienes, sirviendo a intereses particulares desde el Congreso y al Gobierno, pretenden, por un lado, privatizar la justicia, y, por el otro, lograr impunidad para ciertas modalidades delincuenciales, acabando la carrera judicial.

 

Á. J.: ¿En qué otros puntos tiene objeciones?

 

H. D. L.: No se contempla propuesta alguna para hacer que los cambios procedimentales generados desde la Rama Legislativa, como la oralidad, tengan un desarrollo acorde con los fines normativos. Igualmente, se deja de lado la garantía al ciudadano de obtener una pronta y cumplida justicia, pues la mayor demanda de esta requiere un aparato, organización y estructuras dinámicas y acordes con esas necesidades. Esos sí serían los puntos por discutir en una verdadera reforma judicial.

 

Á. J.: ¿Qué modificación se requiere en cuanto a la postulación y elección de magistrados de las altas cortes?

 

H. D. L.: Las altas magistraturas del Estado deben contar con los mejores ciudadanos y los profesionales más calificados. Por ende, se tienen que implementar mecanismos de selección objetiva que lo permitan, como los concursos públicos, o la postulación por sistema de méritos desde la judicatura, la academia o el ejercicio profesional particular, entre otras posibilidades.

 

 

Hermens Darío Lara Acuña

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad La Gran Colombia. Tiene especializaciones en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, entre otras, y una maestría en Derecho Penal y Criminología. Es Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca (España).

Cargos desempeñados: docente universitario, fiscal delegado y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

Ocupación actual: magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y Presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados.